La Justicia federal dispuso que el Gobierno nacional implemente de manera inmediata la ley de financiamiento de las universidades públicas y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización salarial docente y las becas estudiantiles.
La medida fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a otras entidades del sistema universitario. Según el fallo, el decreto 759/2025 no puede condicionar la aplicación de la ley 27.795 a una definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.
El magistrado consideró que la suspensión dispuesta por el Poder Ejecutivo resulta, en esta etapa inicial del proceso, arbitraria y contraria a la Constitución Nacional. En ese sentido, recordó que tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83, no corresponde introducir mecanismos que frenen la vigencia de una norma ya sancionada.
La resolución ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos que establecen la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y la recomposición automática de las becas, mientras se tramita la causa principal. El juez advirtió que el incumplimiento genera perjuicios graves y de difícil reparación, vinculados a la pérdida del poder adquisitivo y a la afectación de derechos laborales y educativos.
Asimismo, el fallo rechazó el argumento oficial basado en el interés público y señaló que el impacto fiscal de la medida sería reducido, estimado en torno al 0,23 % del PBI. También remarcó que el deterioro de los ingresos universitarios repercute directamente en el derecho a enseñar y aprender, protegido por la Constitución y los tratados internacionales.
La cautelar tendrá vigencia hasta que se dicte la sentencia definitiva y no implica, según aclaró el magistrado, un adelanto de opinión sobre el fondo del conflicto, aunque sí ordena la plena aplicación de la ley mientras dure el proceso judicial.
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