El proyecto de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro, sufrió un nuevo freno en la Cámara de Diputados de Santa Fe, luego de que las comisiones no alcanzaran un acuerdo para emitir dictamen. De esta manera, la propuesta no podrá llegar al recinto en la próxima sesión sin que antes se resuelva su situación parlamentaria.
La falta de consenso se produjo incluso después de que circulara un borrador con modificaciones respecto de la versión original. Los cambios buscaban acercar posiciones con los bloques opositores y facilitar el acompañamiento en la votación general, aunque persistieron diferencias tanto en sectores de la oposición como dentro del propio oficialismo.
Entre los puntos que generaron mayores cuestionamientos se encuentran las facultades para establecer zonas de intervención policial especial, los mecanismos para disponer la demolición de inmuebles presuntamente vinculados al narcomenudeo y el alcance de los juicios en rebeldía. También se introdujeron modificaciones sobre el procedimiento por decreto penal, uno de los aspectos más discutidos de la propuesta inicial.
En relación con la intervención sobre propiedades utilizadas para actividades de venta de drogas, uno de los planteos apunta a que las demoliciones sean autorizadas por un tribunal a pedido del fiscal, en lugar de quedar exclusivamente bajo decisión del Ministerio Público de la Acusación. En cuanto a los juicios en rebeldía, las diferencias se concentraron en delimitar su aplicación a delitos de especial gravedad.
Otro de los aspectos que continúa generando resistencia es la posibilidad de establecer áreas de actuación policial extraordinaria, una herramienta que distintos sectores consideran que debe contar con mayores controles y garantías para evitar posibles excesos.
Con este escenario, la discusión quedó supeditada a las negociaciones entre los distintos espacios legislativos. La iniciativa podría recibir preferencia para su tratamiento el 5 de noviembre o, en caso de no prosperar los acuerdos, pasar a la sesión del 19 de ese mes.
Mientras tanto, la Cámara baja sí logró avanzar con otros dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, que obtuvieron dictamen favorable. Se trata de la regulación del mercado irregular de teléfonos celulares usados y de una modificación de la ley que organiza el sistema de la Defensa Pública provincial.
Así, la reforma de seguridad continúa sin una fecha definitiva para su tratamiento, en medio de las diferencias políticas y jurídicas que atraviesan una iniciativa central para la estrategia del gobierno santafesino frente al delito y las organizaciones criminales.
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