En un predio de Pozo Borrado, al norte de Santa Fe, se detectaron prácticas de desmonte ilegales y condiciones de trabajo esclavo. En este lugar, más de 30 trabajadores —entre ellos dos menores— vivían en campamentos improvisados, sin agua potable ni baños, y cumplían jornadas de hasta diez horas diarias, de lunes a lunes. La estancia está embargada y pertenece a accionistas del Grupo Vicentín, según información a la que accedió Mariano Bravi.
Investigación por trata laboral
El caso se inició el 4 de septiembre pasado, cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), notificó a la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela sobre un procedimiento realizado junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en un campo identificado como establecimiento “Santa Ana”, en cercanías de la ruta provincial N°77, en la localidad de Pozo Borrado, a pocos kilómetros con el límite con Santiago del Estero.
En el lugar, identificaron a 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, entre ellos dos adolescentes de 17 años. Se constató que vivían en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni baños (solo tenían tachos para hacer sus necesidades) y dormían en el piso sobre mantas o colchones.
Vicentín y La Isabelina S.A.
Los campos investigados pertenecen a La Isabelina S.A., cuyos integrantes forman parte del Grupo Vicentín, agroexportadora concursada desde 2019 e investigada por defraudación. Según el Boletín Oficial del 22 de julio de 2025, la sociedad está presidida por Federico Castellarin, con Tomás Nahuel Moschen Padoan como vicepresidente; Carina Leticia Galarza y Roberto Joaquín Vicentin ocupan los cargos de directora titular y suplente, respectivamente.
La relación de Vicentín con estos campos se refleja además en que Dionisio Moschen, gerente del Complejo Avellaneda de la empresa, deberá declarar ante la fiscalía. El diputado provincial Palo Oliver pidió un informe oficial sobre la situación de los trabajadores y las condiciones en los campos.
Ilegalidad ambiental y laboral
Los allanamientos se realizaron en 5.354 hectáreas que corresponden a bosques nativos categoría 2, cuya explotación está prohibida por la Ley de Bosques. Pese a una intimación en agosto, los desmontes continuaban hasta que se realizó el operativo que descubrió el trabajo esclavo.
Intervención del Ministerio Público Fiscal
Durante los allanamientos, personal de la Agencia Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) rescató a las víctimas y secuestró teléfonos celulares y cuadernos con anotaciones. También intervinieron la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, la Municipalidad de Tostado, el Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
El caso pone en evidencia la vinculación directa de Vicentín con prácticas de explotación laboral y desmontes ilegales en el norte provincial, un conflicto que combina irregularidades empresariales, violaciones de derechos laborales y ambientales, y el seguimiento judicial y político de la provincia
