Cuando se analizan problemas sociales globales como el de la crisis migratoria, recurrentemente se pone la mirada en Europa o en la frontera entre México y Estados Unidos, mientras que en América del Sur, la cuestión es tomada en serio de forma muy esporádica por parte de los diferentes gobiernos.
En general, los países de la región, no han incluido al tema como una prioridad de su política exterior, un poco por los vaivenes que han caracterizado los programas en la gran mayoría de estos, y otro poco por la falta de capacidad para dar respuesta a un fenómeno cuasi silencioso que se profundizó en las últimas décadas.
La falta de una estrategia regional construida con anticipación, deriva entonces en acciones limitadas a la reacción al problema cuando ya hace eclosión en determinados puntos críticos.
Ese es el caso actual en el departamento peruano de Tacna, que limita al sureste con Chile, región en donde el gobierno peruano declaró hace pocos días una situación de emergencia en los controles migratorios, medida que fue acompañada con el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a la zona.
La misma medida, alcanza a los distritos fronterizos de Palca y La Yarada–Los Palos.
Oleadas anteriores y el primer conflicto
Desde finales del siglo pasado, Chile fue visto como una oportunidad laboral para miles de ciudadanos bolivianos que llegaban fundamentalmente a la región de Tarapacá. Sin embargo, aquella ola no reunía las características de un conflicto social declarado, porque se trataba en muchos casos de una tendencia más de movilidad que de asentamiento.
Décadas después, en el año 2020, por el norte chileno comenzaron a ingresar sucesivos grupos de migrantes venezolanos, quienes mayoritariamente recorrieron pasos clandestinos para lograr penetrar el territorio.
En septiembre de 2021, un grupo con tinte xenófobo atacó a decenas de migrantes, incluyendo niños y mujeres que se encontraban en situación de calle. En una plaza de Iquique, y con violencia extrema, los atacantes quemaron la mayor parte de las pocas pertenencias que servían de precario acampe para los migrantes. El hecho fue tan grave que llegó a ser repudiado desde el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera.
Transcurrido el último cambio de gobierno, con la llegada de Gabriel Boric al poder pareció aplacarse la confrontación que llegó a generar la condena formal de los sucesos en una declaración de la ONU. Sin embargo, la administración actual, que transita los últimos meses de gestión, no consiguió arribar a soluciones de fondo.
Un claro ejemplo del déficit de su política hacia el problema, estuvo dado en una nueva crisis desatada en abril de 2023, con migrantes que, tras aproximarse a la región peruana de Tacna y sin poder seguir avanzando, buscaron volver infructuosamente a Chile, quedando varados por la negativa impuesta hacia ambos lados de la frontera.
El ultimátum de Kast
Envalentonado con los números que lo proyectan como próximo presidente, José Antonio Kast parece mirar más allá del 14 de diciembre y en sus declaraciones, empieza a trazar el bosquejo del programa de gobierno que emprenderá desde marzo de 2026 si la tendencia actual se ratifica en las urnas.
En recientes expresiones difundidas por Radio Universidad de Chile, el candidato del Partido Republicano, lanzó que a los migrantes irregulares “les quedan cien días para dejar nuestra patria para que puedan llevarse todas sus pertenencias, bienes, ahorros” y advirtió que después “van a ser expulsados de nuestra nación con lo puesto”.
Mientras tanto, la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO), renueva constantemente la denuncia sobre el drama humanitario que recrudece en la frontera, que volvió a ser escenario del flujo hacia Perú, de grupos cada vez más grandes de migrantes que descuentan el triunfo de Kast y ven venir por lo tanto, un fuerte endurecimiento de la postura estatal hacia la cuestión.
El gran problema que se plantea, es que para avizorar una solución regional e integral a la crisis, se necesita de una certeza sobre este aspecto de la política exterior. Pero ese insumo no va a estar disponible hasta que no se traspasen la segunda vuelta y especialmente, la asunción del nuevo gobierno en poco más de tres meses.
Sólo entonces, las organizaciones internacionales podrán considerar su alcance y capacidad de intermediación, en medio del drama que hoy recrudece en simultáneo con la cercanía del cambio de era que se proyecta para Chile.
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