El director provincial del Puerto de Ushuaia, Roberto Murcia, confirmó que la intervención federal se concretó el pasado 20 de enero, cuando una delegación acompañada por Prefectura Naval se presentó en las instalaciones y tomó posesión del área logística. Según relató, la notificación se le entregó “por WhatsApp” en la puerta de ingreso, sin que mediara un aviso formal previo.
Murcia explicó que la medida se fundamentó en supuestas irregularidades en el manejo de fondos y condiciones de inseguridad operativa. Sin embargo, negó que existan desvíos financieros: “Nunca tuvimos superávit, somos un ente autárquico que brinda servicios y reinvierte en infraestructura. El puerto funciona con normalidad y no hay problemas estructurales”, sostuvo.
El funcionario recordó que el Puerto de Ushuaia es multipropósito y estratégico, ya que concentra el 96% de la logística de los cruceros antárticos, además de recibir buques pesqueros, de carga y cruceros bioceánicos. “En esta época del año abastecemos las bases antárticas, con más de 540 recaladas anuales. Es un trabajo exclusivo de la provincia, no de Nación”, remarcó.
Murcia también cuestionó la prohibición de realizar colocaciones financieras para resguardar fondos destinados a obras de infraestructura. “En 2023 ampliamos el muelle comercial en 124 metros, una obra que terminó costando más de 2.500 millones de pesos, financiada íntegramente por la provincia. Para garantizar esas inversiones necesitamos acumular recursos”, explicó.
Respecto al impacto de la intervención, señaló que lo primero que se comunicó a los operadores privados fue que la facturación pasaría a Nación. “Ese es el quid de la cuestión: los fondos ahora se derivan directamente al Estado nacional”, afirmó.
El director advirtió que la decisión podría tener consecuencias en el turismo, el comercio y la actividad pesquera, aunque aclaró que por el momento las operaciones continúan con normalidad. “Lo más grave es que se desconoce cómo funciona la administración provincial. Tenemos auditorías internas, tribunal de cuentas y aprobación legislativa. Se piensa que dispongo de los fondos públicos como si fueran privados, lo cual es falso”, expresó.
Finalmente, Murcia señaló que la provincia busca abrir instancias de diálogo con Nación para revertir la medida. “Planteamos trabajar en conjunto, como lo hacíamos antes. Pero la respuesta fue que debían cumplir una orden y que ‘vamos viendo’ cómo sigue. No vinieron con un plan”, concluyó.
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