Todos los días en Lima, frente al Palacio de Gobierno de Perú, se desarrolla la ceremonia de “Cambio de Guardia”. Se trata de un acto solemne que contiene en su simbología la representación de la necesidad de custodiar al proyecto de nación.
En una actualidad con niveles extremos de incertidumbre, la ceremonia proyecta también su significado hacia el cometido institucionalista y estabilizador. Insólitamente, en los últimos diez años, ningún mandatario asistió a la tradición las veces que corresponden al período presidencial de cinco años.
Para colmo, el proceso electoral de este año, que parece empecinarse en extenderse, vino precedido por un encadenamiento de caídas de gobierno que se inició en el año 2018, cuando Pedro Pablo Kuczynski debió renunciar acorralado por causas de corrupción.
Entre la presidencia de Kuczunski, y la actual interina de José María Balcázar, desfilaron otros seis mandatarios, totalizando ni más ni menos que ocho líderes diferentes a lo largo de una década.
Por eso, el cronograma electoral de este año vino extraordinariamente condicionado por la marcada fragmentación que produjo tanta inestabilidad.
La consecuencia directa fue el récord de 35 candidatos a la presidencia para la primera vuelta, cada uno con su promesa de procurar pasar de página a la década tambaleante.
En líneas generales, Perú comparte algunos rasgos de movilidad en el espectro ideológico que caracteriza a muchos países latinoamericanos, especialmente en torno a la clásica antinomia derecha-izquierda.
Pero la singular crisis de institucionalidad que viene atravesando, constituye un factor doméstico que invita a un análisis superador de aquella polarización del pensamiento político.
Y si hay una cosa que para nada hacía falta, es la paridad pocas veces vista en una segunda vuelta, pensada como instrumento para clarificar y favorecer una definición.
Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) no abandonan el “cabeza a cabeza” en un escrutinio que no hace más que prolongar la intriga.
Los números de la ventaja y el posicionamiento fueron oscilando muy levemente, pero lo cierto es que el exiguo margen que pudiese haber determinado un triunfo, está muy lejos de la cantidad de votos provenientes del exterior, aún en proceso de recuento.
Además, se estima una cifra de 1.500 actas observadas conteniendo otros 300.000 votos que irán a Jurados Electorales Especiales, los que por su parte, deberán dictaminar ante el Jurado Nacional Electoral.
El cuadro sigue demandando cautela y custodia. Y al igual que el tradicional Cambio de Guardia que se practica frente a la “Casa de Pizarro”, la ciudadanía peruana se prepara para exigir el resguardo de su voto del domingo 7 de junio, esperando una vez más que todos los actores se comporten a la altura.
Para quien a la postre resulte legítimamente triunfante, le será sumamente necesario tener que desplegar tempranamente las habilidades propias de un estadista capaz de revivir la institucionalidad y de buscar los consensos básicos.
Y para quien resulte derrotado (se sabe que será por pocos votos), hará falta un baño de grandeza para atenerse a considerar su futuro posicionamiento frente a los proyectos estratégicos para Perú.
Si en el tiempo pos-electoral no se combinan esas dos trayectorias, el país corre el riesgo de incorporar estructuralmente la debilidad institucional como norma en la vida política y social, y esa consecuencia, llevaría por un camino que seguirá alejando a la dirigencia de las eventuales respuestas a algunas demandas reales, en las que llegan a coincidir tanto los votantes de derecha como los de izquierda.
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