La decisión del Gobierno nacional de eliminar los subsidios destinados a las empresas de transporte para compensar los pasajes gratuitos de personas con discapacidad generó fuertes críticas entre referentes del sector, quienes advierten que la medida podría profundizar las dificultades que enfrentan miles de familias en todo el país.
Uno de los cuestionamientos provino de Fabrizio Trossero, abogado especializado en Derecho y Discapacidad e integrante de la Comisión de Discapacidad de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA), quien consideró que la resolución representa un nuevo ajuste sobre una población especialmente vulnerable.
Según explicó, la medida mantiene la obligación legal de otorgar pasajes gratuitos, pero elimina la asistencia económica que recibían las empresas para afrontar ese costo.
Preocupación por el acceso a derechos y servicios
Trossero sostuvo que las personas con discapacidad atraviesan un escenario más complejo que el registrado un año atrás y vinculó esa situación con distintas decisiones adoptadas por la administración nacional.
Entre otros puntos, señaló que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dejó de funcionar como organismo independiente y pasó a depender del Ministerio de Salud, una modificación que, a su criterio, redujo los espacios específicos de gestión y reclamo para el sector.
“El colectivo de personas con discapacidad se encuentra en una situación más difícil porque perdió ámbitos propios donde canalizar sus demandas y defender sus derechos”, expresó.
Transporte, tratamientos y educación
De acuerdo con el especialista, las dificultades para conseguir pasajes en servicios de media y larga distancia ya representaban un problema para muchas personas con discapacidad, situación que podría agravarse tras la eliminación de los subsidios.
Además, remarcó que numerosas familias enfrentan obstáculos para garantizar la continuidad de tratamientos médicos, terapias y actividades educativas.
En ese sentido, advirtió que los inconvenientes vinculados al transporte impactan directamente en la asistencia a centros de día, escuelas especiales y espacios de rehabilitación, fundamentales para el desarrollo y la inclusión social.
Reclamos por pensiones y cobertura de prestaciones
Durante los últimos meses, las políticas dirigidas al área de discapacidad estuvieron en el centro del debate público debido a las auditorías realizadas sobre Pensiones No Contributivas por invalidez laboral y las modificaciones impulsadas en los criterios de acceso a esos beneficios.
Trossero también mencionó las dificultades denunciadas por familias respecto de la cobertura de tratamientos, acompañantes terapéuticos y medicamentos.
Según indicó, en algunos casos los gobiernos locales debieron intervenir para garantizar el traslado de niños y adolescentes a instituciones educativas o centros de atención especializados.
El rol de los municipios ante la falta de cobertura
Como ejemplo, el abogado destacó experiencias implementadas por algunos municipios para cubrir necesidades de transporte que no son atendidas por otros organismos.
En ese marco, mencionó el caso de Venado Tuerto, donde el gobierno local incorporó vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad hacia escuelas especiales y centros de tratamiento.
Para el especialista, estas iniciativas reflejan la necesidad de respuestas concretas frente a problemas que afectan la vida cotidiana de numerosas familias.
Incertidumbre sobre el futuro del sector
Trossero también expresó preocupación por el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y por los debates judiciales y políticos que podrían surgir en torno a su aplicación.
A su entender, las medidas adoptadas en los últimos meses generan incertidumbre entre las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales que trabajan en el sector.
“Existe una preocupación creciente por la continuidad de derechos y prestaciones esenciales”, sostuvo.
Un debate abierto sobre las políticas de discapacidad
La eliminación de subsidios al transporte vuelve a poner en discusión el alcance de las políticas públicas destinadas a garantizar la inclusión y el acceso a derechos de las personas con discapacidad.
Mientras desde distintos sectores reclaman mayores recursos y mecanismos de protección, el debate continúa en torno a cómo asegurar la cobertura de servicios fundamentales en un contexto de restricciones presupuestarias y reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
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