Hay reformas que modifican una ley. Y hay reformas que modifican las condiciones en las que se disputa el poder.
La reforma electoral que se debate en Santa Fe pertenece a esta segunda categoría.
Para el ciudadano común, hablar de pisos electorales, PASO, Boleta Única o cantidad de cuerpos puede parecer una discusión técnica, reservada para legisladores, abogados y dirigentes partidarios.
Pero no lo es.
Detrás de cada una de esas decisiones hay una consecuencia concreta: quién puede competir, cómo se definen las candidaturas, quién puede quedar afuera y cómo vamos a elegir a nuestros representantes en 2027.
Por eso hay una pregunta que debería atravesar todo el debate:
¿La reforma busca mejorar el sistema electoral de Santa Fe o también puede modificar el tablero político en beneficio de determinados sectores?
La pregunta no implica acusar a nadie. Implica mirar las reglas y analizar sus posibles efectos.
Y hay una precisión fundamental: las reglas todavía se están negociando.
Las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados analizaron esta semana los distintos proyectos con estado parlamentario y escucharon a los especialistas Jorge Zárate y Oscar Blando.
El tratamiento del proyecto que surja del consenso legislativo está previsto para el jueves 20 de agosto.
Por eso, antes de hablar de ganadores y perdedores, conviene separar lo que ya genera coincidencias de aquello que todavía provoca fuertes diferencias.
PASO: una coincidencia en medio de las diferencias
Hay un dato que puede pasar inadvertido dentro de la discusión: los distintos proyectos coinciden en mantener el sistema de Elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas para la definición de candidaturas.
Esto significa que las PASO, al menos en este punto del debate, no aparecen como el principal campo de batalla de la reforma.
Y es importante aclararlo porque las primarias cumplen una función política concreta: permiten ordenar la competencia interna de los espacios y definir quiénes llegarán como candidatos a la elección general.
En una provincia donde pueden convivir distintos sectores dentro de una misma alianza, las PASO tienen además una importancia particular.
No es lo mismo que una candidatura sea definida mediante una negociación entre dirigentes a que pueda resolverse mediante el voto de los ciudadanos.
Por eso, mantener las primarias también significa mantener un mecanismo de competencia interna abierto al electorado.
Pero hay una diferencia importante entre mantener las PASO y definir bajo qué condiciones se llega a ellas.
Ahí aparece uno de los puntos más sensibles de la reforma: los pisos electorales.
El piso que puede dejar a algunos afuera
Los umbrales electorales son uno de los principales focos de discusión.
En términos simples, determinan cuántos votos necesita una fuerza para superar una determinada instancia del proceso electoral.
Y las propuestas son diferentes.
El proyecto de la UCR plantea un piso equivalente al 5% del padrón.
El Partido Socialista propone el 3%.
El PRO impulsa un 4%, pero calculado sobre el total de votos emitidos.
La diferencia no es menor.
Tomar como referencia el padrón significa calcular sobre el total de ciudadanos habilitados para votar. Hacerlo sobre los votos efectivamente emitidos implica utilizar un universo menor.
El constitucionalista Oscar Blando consideró que las propuestas pueden resultar demasiado restrictivas para los partidos minoritarios y recomendó tomar como referencia los votos emitidos, dejando el porcentaje sujeto a discusión.
Y acá aparece la pregunta de fondo:
¿Para qué se establece un piso electoral?
Si el objetivo es evitar una excesiva fragmentación y ordenar la competencia, puede existir una razón institucional.
Pero si el umbral es demasiado elevado, puede transformarse en una barrera de entrada para fuerzas pequeñas o nuevas.
La democracia necesita gobernabilidad.
Pero también necesita pluralidad.
La discusión, entonces, no debería reducirse a si hay que establecer un piso o no. Debería concentrarse en qué porcentaje es razonable y qué consecuencias produce sobre la competencia política.
Porque una regla que ordena el sistema también puede terminar reduciendo la oferta electoral.
Boleta Única: cinco, tres o dos
El segundo gran punto de conflicto es la cantidad de cuerpos de la Boleta Única que se utilizarían en la elección general.
Actualmente, cada categoría tiene su propio cuerpo.
El socialismo propone mantener ese esquema de cinco cuerpos.
El radicalismo plantea reducirlos a dos: uno para las categorías provinciales —gobernador, diputados y senador— y otro para las municipales —intendente y concejales—.
La negociación política podría desembocar en una alternativa intermedia de tres cuerpos.
Pero el debate no es solamente una cuestión de cantidad de boletas.
Oscar Blando se mostró partidario de mantener el sistema actual, con un cuerpo por categoría.
¿Por qué?
Porque el modelo santafesino permite que el elector vote de manera diferenciada.
Puede elegir un gobernador de un espacio político, un senador de otro y una autoridad municipal de un tercero.
Esa posibilidad forma parte de la autonomía del votante.
Reducir la cantidad de cuerpos puede simplificar el acto electoral.
Pero también puede modificar la forma en que se estructura la decisión del elector.
Menos boletas puede ser más simple. Pero más simple no necesariamente significa mejor.
La discusión debería ser, entonces, si la simplificación mejora efectivamente la experiencia del votante sin afectar la libertad de elegir de manera diferenciada.
Blando planteó, además, que el actual sistema ha demostrado que puede garantizar gobernabilidad aun cuando el gobernador pertenezca a un signo político y las mayorías legislativas a otro.
Es un argumento que merece ser considerado: la búsqueda de simplificación no debería hacerse a costa de una herramienta que ya demostró funcionar institucionalmente.
2027: las reglas cambian en un escenario nuevo
Todo esto adquiere mayor relevancia porque las elecciones de 2027 se desarrollarán bajo un escenario institucional diferente.
La reforma constitucional de 2025 modificó, entre otras cuestiones, el sistema de representación de la Cámara de Diputados.
A partir de 2027, la distribución de bancas deberá realizarse mediante representación proporcional, dejando atrás el esquema anterior por el cual la fuerza más votada obtenía automáticamente 28 de las 50 bancas.
Por eso, 2027 será mucho más que una elección más.
Será la primera gran prueba del nuevo esquema de representación política de Santa Fe.
Y las reglas electorales que ahora se están discutiendo serán las que determinen cómo competirán los partidos, cómo se definirán las candidaturas y cómo se transformarán los votos en representación.
Cambió la Constitución. Cambiará la distribución de las bancas. Y ahora se discuten las condiciones bajo las cuales los partidos llegarán a esa elección.
Lo que está escrito y lo que no
Hay, además, una dimensión política que no aparece expresamente en ninguno de los proyectos.
En los ámbitos legislativos y de la Casa de Gobierno comenzó a tomar fuerza la posibilidad de una eventual interna para definir las candidaturas a la vicegobernación.
El escenario que circula plantea que distintos sectores podrían compartir el mismo candidato a gobernador, pero competir con fórmulas diferentes para definir quién completa el binomio.
Los votos obtenidos por esas fórmulas, según la hipótesis que circula, no serían acumulativos.
Pero hay que hacer una distinción fundamental:
esto no está escrito en ninguno de los proyectos de reforma electoral que se encuentran en discusión.
Es una posibilidad política que circula en las negociaciones y que podría formar parte del tablero de acuerdos entre sectores.
Especialistas como Blando plantearon reparos sobre una eventual interpretación de ese mecanismo y consideraron que podría implicar una lectura forzada de la nueva Constitución provincial.
Por eso, sería incorrecto afirmar que la reforma fue diseñada para favorecer una candidatura determinada.
Pero también sería ingenuo desconocer que las reglas electorales tienen efectos políticos.
Definir quién puede competir, qué porcentaje necesita, cómo se presentan las candidaturas y cómo se organiza el voto puede beneficiar a determinados sectores y dificultar a otros.
Eso no demuestra una intención.
Demuestra que las reglas importan.
Entonces, ¿a quién beneficia?
La respuesta todavía no tiene un único nombre.
Las PASO, en principio, aparecen como un punto de coincidencia entre los proyectos y mantienen su función como mecanismo para definir candidaturas.
Los pisos electorales, en cambio, pueden favorecer o perjudicar a fuerzas según el porcentaje que finalmente se establezca y la base sobre la cual se calcule.
La cantidad de cuerpos de la Boleta Única también puede tener efectos diferentes: una reducción podría simplificar el voto, mientras que mantener las categorías separadas preservaría la posibilidad de elegir de manera diferenciada.
Y el nuevo sistema de representación proporcional de Diputados abre, desde 2027, un escenario político completamente diferente.
Por eso, más que buscar un único beneficiario, hay que mirar qué sectores pueden verse favorecidos o perjudicados por cada una de las alternativas.
Ese análisis debería formar parte de la discusión pública.
No alcanza con decir que la reforma moderniza el sistema.
Hay que explicar qué cambia.
No alcanza con decir que simplifica el voto.
Hay que mostrar cómo.
No alcanza con decir que busca evitar la fragmentación.
Hay que saber cuántas fuerzas podrían quedar afuera bajo cada alternativa.
Y tampoco alcanza con decir que las reglas no tienen nombres propios.
Una buena ley electoral debería funcionar incluso cuando quienes hoy la impulsan ya no estén en el poder.
Una ley para todos, no para la próxima elección
Hay una prueba sencilla para cualquier reforma electoral:
¿Seguiría pareciendo una buena regla si mañana gobernaran otros?
Si la respuesta es sí, probablemente estemos ante una norma pensada para fortalecer el sistema.
Si la respuesta depende de quién está en el poder, entonces el problema es otro.
Santa Fe necesita reglas que combinen competencia, representación, transparencia y facilidad para votar.
Pero, sobre todo, necesita reglas previsibles.
El protagonista de una reforma electoral no debería ser el partido político.
Debería ser el ciudadano.
El ciudadano que va a votar en 2027.
El que tiene derecho a elegir entre distintas alternativas.
El que puede optar por un gobernador de una fuerza, un senador de otra y una autoridad municipal de una tercera.
Y el que, aunque no siga todos los días las discusiones legislativas, será quien finalmente vote bajo las reglas que hoy se están definiendo.
Por eso, antes de aprobar la reforma, hay una pregunta que los legisladores deberían poder responder con claridad:
¿Estamos cambiando las reglas porque el sistema necesita mejorar o porque el nuevo escenario político necesita nuevas reglas?
La diferencia es enorme.
Porque las elecciones se ganan con votos.
Pero antes de contar los votos, alguien decide cómo se juega la elección.
Y esa decisión también merece ser discutida públicamente.
La reforma todavía está abierta. Y mientras las reglas se están escribiendo, la sociedad tiene derecho a saber qué cambia, por qué cambia y qué consecuencias puede tener.
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