La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento de la fiscal del fuero provincial de Santa Fe, Cristina Ferraro, como presunta autora de encubrimiento por favorecimiento real agravado por la condición de funcionaria pública y abuso de autoridad, dado que -de acuerdo con la investigación- facilitó la desaparición de elementos probatorios, entre ellos 3.050.000 pesos y 1,1 millón de dólares, de la escena del crimen de Hugo Ernesto César Oldani, titular de la agencia “Turismo Oldani SRL”.
El Tribunal también confirmó el procesamiento de Diego Medera, esposo de una empleada de la empresa, imputado de haber sustraído el dinero en efectivo.
En la noche del 11 de febrero de 2020 Oldani recibió un disparo en su oficina de la agencia, ubicada en la Galería Rivadavia del centro de la ciudad de Santa Fe, hecho que fue investigado en el fuero provincial. Más tarde, la víctima falleció cuando era atendida en un centro asistencial.
Durante las primeras tareas en el lugar donde ocurrió el hecho, los peritos filmaron la presencia del dinero, que estaba detrás de una puerta, en el fondo del local, sobre una improvisada estantería de madera.
Sin embargo, en el procedimiento no se dejó constancia del dinero y, de acuerdo a los testimonios de la hija del empresario muerto y del esposo de ésta, esa misma noche retiraron con autorización de la fiscal Ferraro “todo el dinero y elementos de valor” en una mochila, dos portafolios y una caja azul, que pudieron verse en sus manos en los registros de algunas de las cámaras de seguridad de la galería.
La cifra en pesos y dólares desaparecida de la escena del crimen fue calculada por la Dirección Scopometría de la Policía Federal de acuerdo a las imágenes obtenidas de la escena del crimen.
De acuerdo a la acusación formulada por el fiscal federal Walter Rodríguez, la fiscal Ferraro -durante el ejercicio de sus funciones- habría autorizado ilegalmente durante las primeras horas del 12 de febrero de 2020, tras la muerte de Oldani, la desaparición de dinero efectivo en moneda nacional y extranjera y documentación afín “que constituían rastros, pruebas o instrumentos de un ilícito precedente”.
También se señaló su potencial abuso de autoridad al dictar actos en defensa propia, valiéndose de su condición de representante del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, con el propósito de desviar cualquier averiguación relacionada con el dinero entregado de forma irregular, de manera que no se descubra dicha autorización concedida en favor de los familiares de Oldani.
Por su parte, el Fiscal Federal atribuyó a Medera haber sustraído junto a otras dos personas el dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera (3.050.000 pesos y 1,1 millón de dólares) y documentación que constituía prueba de la intermediación financiera no autorizada por la que se investiga se investiga a “Turismo Oldani” en el fuero federal.
La defensa de Medera sostuvo que el juzgado interviniente no reconoció las circunstancias que tornaban lícito el accionar de su defendido, aludiendo que “se encontraba en el convencimiento de estar prestando ayuda a quien sufrió un hecho de inseguridad”, y que para extraer el dinero ingresó a la agencia con autorización de quien tenía la dirección de la investigación penal en la provincia de Santa Fe.
La defensa de Ferraro remarcó, en relación al delito de encubrimiento, que al momento de su su presencia en el lugar del homicidio no conocía ningún tipo de prueba firme sobre la actividad o delito presuntamente cometidos desde la agencia y menos aún que hubiera dado la autorización para el retiro de las sumas de dinero. También destacó que el juez de primera instancia hizo una “deficiente captación de los hechos”, ya que la actividad ilícita desarrollada por Oldani quedó exteriorizada a partir de la investigación de su homicidio y no antes.
En su resolución, la jueza Élida Isabel Vidal y José Guillermo Toledo, integrantes de la Sala B de la Cámara Federal, remarcaron que el hecho de que varias personas ingresasen a un local al que se le iba a colocar una faja de clausura, permanecieran dentro unos minutos sin control alguno y salieran cargando bolsos y mochilas “demuestra nítidamente la autorización dada para posibilitar ese retiro voluminoso de objetos”.
También destacaron que si bien Ferraro dijo que por las características del hecho se lo trató como un caso de inseguridad, más adelante sostuvo que “la escena no era usual y que el hecho había sido cometido por una pluralidad de personas cuya identidad se ignoraba”.
Para la Sala B, se encuentra acreditado que luego de culminados los peritajes y momentos antes de que se colocara la faja de clausurado, Ferraro no sólo autorizó el ingreso de la hija de Oldani y otras personas y conocía la existencia de una enorme cantidad de dinero que no había sido contabilizado y que debía ser resguardado, sino que también permitió que se retiraran del lugar cargando bolsos, cajas y mochilas sin haber documentado formalmente su contenido.
El tribunal sostuvo además que, debiendo hacerlo, no ordenó la apertura de la caja fuerte hallada en el lugar ante la negativa de la hija de Oldani por motivos inoponibles, consintiendo de esa forma que su contenido permaneciera incierto.
