Un esquema que se presenta como realista y responsable en material fiscal, pero que en la práctica significa apenas una aspirina frente a una inflación que no baja del 30%.
La respuesta gremial fue diversa. Algunos eligieron aceptar, otros rechazaron sin miramientos. El resultado: un mapa sindical fracturado y un clima de conflictividad que, lejos de cerrarse, recién empieza.
La docencia fue categórica. Amsafé votó en asamblea con más de veinte mil participantes y el resultado fue inédito: rechazo por unanimidad. Ni un voto a favor. La oferta fue considerada como una provocación, un ajuste encubierto que no solo no recompone, sino que profundiza la pérdida del poder adquisitivo acumulada.
Sadop, que representa a los docentes privados, también dijo que no. El mensaje es claro: públicos y privados coinciden en que enseñar en Santa Fe ya no “garpa”, y que el salario docente quedó muy por debajo de la línea de dignidad.
El plan de lucha incluye marchas, clases públicas y movilizaciones. Por ahora no se anunciaron paros, pero el clima es de confrontación directa con el gobierno.
El escenario fue distinto para los estatales. UPCN aceptó tras una votación interna ajustada. ATE también terminó diciendo que sí, aunque con fuertes críticas.
La aceptación no significa conformidad. Es más bien resignación. Los estatales saben que el margen de negociación es bajo y que el ejecutivo no está dispuesto a mover un peso más. Prefieren garantizar el poco aumento y esperar a diciembre antes que chocar de frente.
El riesgo es quedar atrapados en la incomodidad de aceptar algo que sus bases sienten como muy insuficiente. Esa tensión interna puede crecer con el correr de los meses.
En el sector salud la división quedó expuesta. AMRA, el gremio de los médicos, aceptó la propuesta después de que el gobierno sumara algunos adicionales específicos: 5% por grado profesional, plus no remunerativo por diagnóstico y mejoras en indumentaria.
SIPRUS, en cambio, la rechazó. Lo considera un acuerdo desigual que beneficia a los médicos y deja de lado a otros profesionales de la salud. Para este gremio, la oferta no es solo insuficiente: también divide y debilita al sector.
El discurso oficial insiste en que “se ofrece lo que se puede pagar”. Pullaro se presenta como un administrador austero que no gasta más de lo que ingresa. El problema es que esa narrativa de prudencia se transforma en ajuste cuando los salarios pierden contra la inflación de manera sistemática.
El 7% semestral no es recomposición: es consolidación de la pérdida. Y cuando los gremios lo perciben así, la confianza se rompe.
Además, el gobierno optó por negociar gremio por gremio, ofreciendo incentivos a algunos y esperando resignación de otros. El resultado fue una foto de división, pero también la instalación de una idea peligrosa: la de un ejecutivo que busca fracturar para evitar una frente común.
El saldo de ésta última paritaria es un mapa partido:
- Rechazaron: Amsafé, Sadop, SIPRUS.
- Aceptaron: ATE, UPCN, AMRA.
La provincia queda, así, en un punto intermedio. El gobierno puede exhibir que logró acuerdos parciales, pero en los hechos está enfrentado a docentes y a parte de la salud, dos sectores neurálgicos que sostienen el día a día del estado.
Los gremios que aceptaron deberán explicar a sus afiliados porqué lo hicieron. UPCN y ATE se arriesgan a quedar como cómplices de un ajuste encubierto. AMRA, por su parte, carga con la sospecha de haber aceptado privilegios a cambio de ceder la pelea general.
Los gremios que rechazaron, en cambio, están obligados a mostrar su fuerza en la calle. Un rechazo sin capacidad de presión se convierte en un gesto testimonial.
Para Pullaro, el desafío es político tanto como económico. No puede proyectarse como un gobernador moderno y eficiente mientras los docentes iluminan las plazas con marchas de antorchas y los hospitales se preparan para paros. La foto de los números ordenados se desdibuja cuando se enfrenta a la imagen de trabajadores indignados.
Tarde o temprano, el gobierno deberá reabrir la discusión. Porque ningún estado se sostiene solo con equilibrio fiscal: necesita también trabajadores motivados, reconocidos y bien pagos.
Una conclusión inevitable
La última paritaria dejó un sabor amargo. Lo que el gobierno presentó como una oferta realista terminó convirtiéndose en el símbolo de un ajuste. Y lo que parecía una negociación terminó en un escenario de división gremial y creciente conflictividad.
También se puede ver de esta manera: Pullaro apostó a la prudencia fiscal, aunque eso implique pagar el costo político de la protesta. Y en un país donde los gobernantes suelen prometer lo que no tienen y gastar lo que no pueden, esa decisión no es menor.
El dilema de fondo sigue abierto: ¿puede Santa Fe equilibrar sus cuentas sin sacrificar la dignidad de sus trabajadores? La respuesta no está en los números de una planilla, sino en la capacidad política de todas las partes de sentarse a negociar en serio.
