En medio de la creciente tensión entre Nación y provincias por la distribución de recursos y la coparticipación, el gobierno abrió un nuevo capítulo de debate al anunciar que evalúa la creación de un impuesto a las ventas, conocido como “Súper IVA”. Aunque se presenta como una solución para simplificar el sistema impositivo, un informe del centro de estudios DEMOS alerta que esta iniciativa pone en jaque el federalismo fiscal argentino y afecta la autonomía financiera de las provincias y los municipios.
“Aún no se presentó como proyecto de ley o decreto, sólo existen declaraciones públicas en las que se deja ver hacia dónde se pretende ir. Pero flota un tema estructural en torno a la cuestión impositiva que es la coparticipación federal de impuestos y el rol que van a tener las provincias en la decisión sobre un cambio en el sistema de reparto de los fondos”, indicó Mariano Cuvertino, diputado provincial y miembro del equipo económico productivo de Demos, uno de los autores de este trabajo junto a la Dra. Laura Marcos, especialista en derecho tributario. “Este informe ofrece una mirada crítica y técnica de lo que se conoce de la iniciativa, destacando los desafíos institucionales y las consecuencias para las provincias”, agregó.
¿Qué es el Super IVA?
Según las informaciones que dejó trascender el gobierno, el Super IVA sería un impuesto que unificaría el IVA, los Ingresos Brutos provinciales y las tasas municipales en un solo tributo, cuya recaudación estaría a cargo del gobierno nacional pero con una parte que sería redistribuida a provincias y municipios. La propuesta se inspira en el “IVA dual” recientemente aprobado en Brasil, aunque en nuestro país se mantendría bajo control central, sin una estructura institucional clara de participación de las jurisdicciones subnacionales.
Si bien advierten los autores que la iniciativa simplificaría el sistema impositivo argentino, plantean que, de avanzar, se generarían riesgos importantes sobre la equidad territorial, la coparticipación federal y la autonomía financiera de municipios y provincias.
“El nuevo impuesto reemplazaría a los Ingresos Brutos, que representan entre el 80% y el 85% de la recaudación de las provincias. Además, se eliminarían tasas municipales que son vitales para los gobiernos locales”, dijo Cuvertino. “Hay datos preliminares de institutos como el IARF que indican que si se implementa este modelo, al menos 18 provincias perderían recursos o deberían subir fuertemente sus alícuotas para sostener sus ingresos”, agregó.
En el informe se muestra que provincias como Catamarca, Formosa o La Rioja necesitarían aumentos del 81%, 56% y 52% respectivamente. Mientras tanto, CABA, con una base impositiva 40% superior al promedio nacional, podría incluso reducir su carga tributaria.
“Insisto en que hasta ahora el debate se instauró en los medios, sin mención expresa de que toda modificación debe plantearse en el Congreso Nacional y con el debido respeto a la autonomía que tienen las provincias al momento de ejercer sus potestades fiscales”, indicó. “Pero si se tiene en cuenta el dramático ajuste del gasto público que hizo el gobierno nacional con énfasis en jubilaciones, obra pública ciencia, tecnología, rutas y la rebaja de las transferencias a las provincias, estas iniciativas deben hacer sonar las alarmas de los gobernadores, y a lo mejor explican también proyectos como el que votó el Senado la semana pasada, para recuperar los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y las partidas que les corresponden del impuesto a los combustibles líquidos”, agregó.
Una guerra fiscal regresiva
El gobierno justificó que la reforma impositiva abrirá una “competencia fiscal entre provincias”, en la que las jurisdicciones más ricas atraerán inversiones a costa de las más débiles. Para Cuvertino, “este tipo de medidas ya existieron en Argentina en el pasado y no solo no funcionaron sino que estuvieron lejos de promover la equidad. Son instancias que ya creíamos superadas”.
El estudio advierte también que de avanzar con la reforma sin actualizar previamente el régimen de coparticipación federal, pendiente desde la reforma constitucional de 1994, y otros componentes claves del sistema tributario argentino, es comenzar la discusión por el final. “La eliminación de tributos distorsivos como Ingresos Brutos, retenciones o el impuesto al cheque es necesaria, pero solo puede realizarse en el marco de un nuevo pacto fiscal, que redistribuya los recursos de manera justa, fortalezca la autonomía provincial y traslade la carga impositiva desde la producción y el trabajo hacia los ingresos y patrimonios”, indicó Cuvertino.
El informe concluye con un llamado a avanzar en una hoja de ruta que asegure una viabilidad política y técnica de una reforma de esta magnitud. “Trabajar en conjunto y lograr el consenso por supuesto es una ardua tarea, mucho más que pregonar definiciones para generar un clima hostil y proponer salidas milagrosas. Pero no debe olvidarse que trabajar en conjunto potencia las capacidades, permitiendo que la suma de esfuerzos y voluntades supere cualquier obstáculo. Si nos atenemos a un conocido refrán todos sabemos que no es justamente la pelea y la división las que hacen la fuerza”, concluye.
La publicación es de salida mensual, con acceso público y se encuentra disponible en las redes del Centro Cultural y de Estudios DEMOS (www.demoscce.com).
