Que un ministro de Educación tenga que aclarar que las clases van a empezar dice mucho del estado actual del sistema educativo. José Goity lo hizo en LT9, con una frase contundente: el ciclo lectivo 2026 comenzará “en tiempo y forma”, el próximo 2 de marzo, aun cuando haya discusiones paritarias en el medio. No se trata solo de una confirmación de fechas. Es, sobre todo, un mensaje político en un país donde la escuela perdió previsibilidad y donde cada inicio de clases se vive con una mezcla de expectativa y desconfianza.
Goity fue más allá al señalar que poner en duda el inicio del ciclo lectivo “habla de los problemas graves que todavía existen en el sistema educativo”. Y tiene razón. Que la discusión pública siga girando alrededor de si habrá o no clases revela una anomalía profunda: la educación se acostumbró a funcionar en emergencia, con conflictos recurrentes que terminan afectando a quienes menos margen tienen para absorberlos, los estudiantes y sus familias.
Garantizar el inicio de clases es una condición necesaria, pero claramente insuficiente. Empezar a tiempo no equivale a educar mejor. Sin embargo, durante años ese objetivo mínimo se transformó en una vara de gestión. En ese contexto, la afirmación del ministro ordena el calendario, pero no resuelve el problema de fondo: qué pasa dentro del aula y qué están aprendiendo los chicos.
El propio Goity intenta correrse de esa lógica cuando plantea que el foco de 2026 estará puesto en los aprendizajes, la innovación educativa y la capacitación docente. El discurso es consistente y apunta a recuperar una agenda pedagógica que muchas veces queda desplazada por la urgencia del conflicto. El desafío es que esa agenda no quede atrapada en el plano declarativo y logre traducirse en políticas concretas dentro de las escuelas.
La relación con los gremios docentes vuelve a ocupar un lugar central. El ministro confirmó que habrá convocatoria a paritarias entre fines de enero y principios de febrero y ratificó la voluntad de diálogo. Al mismo tiempo, dejó en claro que el objetivo del Ministerio será garantizar la regularidad de las clases. Aquí aparece una tensión estructural: cómo sostener el derecho a la educación sin desconocer los reclamos salariales de un sector golpeado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. La experiencia reciente demuestra que cuando ese equilibrio se rompe, la escuela se convierte en el escenario visible de un conflicto que tiene causas más profundas.
Entre las prioridades de 2026, Goity destacó la implementación de un nuevo diseño curricular para primaria y la capacitación docente basada en estrategias de aprendizaje por proyectos y comunidades de aprendizaje. La apuesta es ambiciosa y necesaria. La escuela necesita revisar prácticas, actualizar contenidos y generar nuevas formas de enseñar y aprender. Pero la innovación educativa no se decreta: cambiar el currículo sin acompañar a los docentes en el proceso puede generar más frustración que mejoras reales. Formación continua, tiempos institucionales y apoyo concreto en las escuelas son condiciones indispensables para que cualquier reforma tenga impacto.
El debate sobre el uso de celulares en el aula resume buena parte de los dilemas actuales. El ministro fue claro: el teléfono no puede ser un elemento de libre uso, aunque sí puede funcionar como herramienta pedagógica bajo el criterio del docente.
La definición apunta a preservar la autoridad pedagógica y evitar que la tecnología desplace al proceso de enseñanza. La clave estará en la implementación, porque las realidades escolares son muy diversas y las brechas digitales siguen siendo un problema que condiciona cualquier política uniforme.
Goity también puso sobre la mesa una cuestión central: el retiro del financiamiento nacional obligó a la provincia a cubrir con recursos propios obras educativas y programas específicos, como los vinculados a las escuelas técnicas. La situación expone una fragilidad estructural del sistema educativo argentino. Sin financiamiento sostenido, no hay política educativa de largo plazo posible y las provincias quedan obligadas a administrar la escasez, priorizando la urgencia por sobre la transformación.
El ministro cerró la entrevista con una definición que debería guiar toda política educativa: un buen año será aquel en el que todos los chicos terminen tercer grado perfectamente alfabetizados, y que quienes no lo logren tengan seguimiento. Allí está el núcleo del problema. Alfabetizar bien y a tiempo es la base de cualquier sistema educativo que aspire a ser inclusivo y de calidad.
El inicio del ciclo lectivo 2026 encontrará a Santa Fe con una promesa clara: clases en tiempo y forma. El verdadero examen, sin embargo, no será el 2 de marzo, sino al final del año. Si hay mejores aprendizajes, trayectorias más sólidas y una discusión pública centrada en la educación y no en el conflicto, entonces la promesa habrá valido la pena. De lo contrario, el riesgo es repetir un ritual conocido: cumplir con el calendario y seguir postergando lo importante.
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