El rastreo histórico de la cuestión mapuche debe ir hasta el 1860, año del comienzo de la llamada Ocupación de la Araucanía; la campaña llevada adelante por el ejército de Chile, destinada a conseguir gobierno sobre un vasto territorio habitado por comunidades originarias.

Sobre la incursión y sus efectos, el investigador de la Universidad de Sevilla, Edgardo Flores Chávez, señaló que aún “se constata el impacto sobre el pueblo mapuche del proceso ocupacional” debido a la reducción de tierras, pérdida de la masa ganadera, campesinización forzada, desplazamientos internos y emigración a los centros urbanos.

Lo iniciado en 1860, se transformó en un proceso que duró varias décadas, con la expulsión de asentamientos aborígenes que sufrían un desproporcionado número de bajas respecto de las del ejército.

Según fue estimado, para 1929, año del término de la erradicación mapuche, los indígenas sólo quedaron con el 5% de las tierras que originalmente tenían. Es decir, 500.000 hectáreas de las 10 millones que poseían.

Cruzando la mitad del siglo XX los mapuches sobrevivientes de La Araucanía comenzaron a organizarse en pos de una reivindicación material y cultural. Debe recordarse que la palabra mapuche significa “gente de esta tierra”.

Los historiadores de la causa señalan como especial al año 1968, cuando el pueblo aborigen realizó el llamado Congreso de Ercilla.

En ese acontecimiento, que se inscribió como manifestación genuina de la organización política de los mapuches, materializada con rasgos parlamentarios, se resolvió llevar adelante una estrategia de toma de terrenos, avalada por la opinión mayoritaria entre los participantes respecto de la imposibilidad de afrontar de forma pacífica el diferendo histórico con el Estado.      

Luego, durante la presidencia de Salvador Allende entre los años 1970 y 1973 la causa consiguió un destacado progreso con la recuperación de parte de los terrenos y la obtención de títulos de usufructo.

Pero al detenernos en ese tramo cronológico, resulta sencillo deducir que el escenario viraría rápida y nuevamente hacia la zona de intenso conflicto, debido al golpe militar que derrocó a Salvador Allende el 11 de setiembre de 1973, dando lugar a la dictadura encabezada por Augusto Pinochet hasta 1990.

Durante ese período, quedaron registrados algunos intentos para establecer mecanismos de negociación Estado-Pueblo mapuche.

Pero al decir del historiador chileno Sergio Canihuqueo Huircapan, en su trabajo Dictadura y Pueblo mapuche 1973 a 1978, el gobierno militar no puso el foco en la demanda de los indígenas, sino en cómo sofocarla, para despejar el camino a otras prioridades como la propiedad privada y el desarrollo capitalista.

El mencionado atisbo de negociación, resultó un espejismo durante una administración de gobierno de facto, que en torno al tema en cuestión, terminó destacando por el dictado de dos leyes: una fue dictada durante el año 1978, derogando la categoría de tierra indígena y facilitando a particulares la regularización de grandes extensiones reivindicadas como propias por los mapuches.

La otra es la ley 18.340 dictada en 1984 que estuvo vigente hasta febrero de este año. La norma, que se impuso en la opinión pública chilena como “ley antiterrorista”, fue intensamente utilizada en los casos de detenciones originadas en el marco del conflicto de La Araucanía. Hacia el año 2014, decenas de mapuches detenidos se encontraban a la espera de un juicio.

Sin embargo, un informe de Carabineros reconoció que entre julio de 2014 y enero de 2015, de los 160 incendios en la región, sólo 16 habían sido responsabilidad directa de indígenas.

Varios años después, tras el triunfo de Gabriel Boric en las últimas elecciones presidenciales, el gobierno chileno impulsó la creación  de la “Comisión para la Paz y el Entendimiento”, cuyo informe fue presentado a comienzos de este mes.

El documento contiene numerosas recomendaciones que deberán ser evaluadas y debatidas con vistas a la producción de un paquete de leyes, sobre los ejes de  reconocimiento, consulta y participación indígena, acuerdo de tierras y garantías para su  implementación.

Actualmente, tras la elaboración del informe, surgen dos muy probables obstáculos para el cumplimiento de los objetivos: la indiferencia de buena parte de la sociedad frente al problema y la agenda electoral que prevé una primera vuelta presidencial en noviembre de este año.

Sobre el primer aspecto, la consultora Criteria indicó que un 44% de las personas encuestadas dice “no haber oído nada” sobre el trabajo de la comisión.

Y respecto de la proximidad de los comicios, el desafío es aún mayor, porque los calendarios electorales, afectados por la mirada cortoplacista, conspiran contra la resolución de los complejos problemas sociales derivados de la acumulación de tensiones históricas.