En Sudán, los enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las denominadas Fuerzas de Apoyo Rápido, comenzaron en la capital del país el 15 de abril de 2023 y rápidamente la violencia se extendió a prácticamente todo el territorio.

En el caso de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por sus siglas en inglés), cabe advertir como antecedente oscuro, su accionar ejercido dos décadas atrás, dentro de un plan militar de tinte xenófobo y de violencia étnica contra la población masalit.

Las RSF sufrieron un duro revés tras la caída en el poder de su mentor, Omar Hasán Ahmad al Bashir, quien fuera presidente del país por 26 años, entre 1993 y 2019.

La era pos-al Bashir, se inició con significativos cambios que incluyeron la quita de  apoyo a las RSF. Pero ese frente paramilitar continuó con capacidad operativa y con una estructura sostenida desde el diseño pergeñado por el anterior gobierno, lo que finalmente desencadenó la confrontación hace poco más de dos años.

Los desplazamientos forzados significaron algunas de las graves consecuencias del conflicto, y quienes lograron abandonar el país, se están transformando en la voz de los sudaneses que siguen padeciendo dramáticas situaciones humanitarias, muchas veces incompatibles con la subsistencia.

A comienzos de este año, Adam Nor Mohammed, portavoz de la comunidad de refugiados sudaneses en Italia, denunció que desde abril de 2023 las víctimas mortales se cuentan por decenas de miles y advirtió que la cifra es solo una estimación, debido a la ausencia total de información cierta sobre las vidas que se está cobrando el intento de las RSF de avanzar en el poder con una especie de mini-gobierno ya constituido entre sus filas.

El mayor problema radica en que los medios extremadamente violentos se convirtieron en la metodología de los dos bandos, y cuando la población civil termina siendo el blanco, no se sabe bien a quien atribuir las responsabilidades.

Volviendo al drama de los refugiados, a mayo de este año se estimó que el vecino Chad, había recibido a alrededor de 1.3 millones de refugiados que lograron traspasar la frontera para llegar a otro territorio asolado por la pobreza y por la violencia de Boko Haram, que a fines del año pasado mató a 40 militares en un atentado contestado por el ejército chadiano con la muerte de 65 presuntos yihadistas.

También se atribuye a Boko Haram el intento de toma por asalto del palacio presidencial ubicado en la capital de Chad, hecho que fue repelido con la muerte de 18 de los atacantes.

Como se puede inferir, en la mayoría de los casos, los desplazamientos solo terminan por cambiar las coordenadas en las cuales encontrar el drama de cada una de las personas afectadas por la violencia incesante.

Desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se ha denunciado que grupos armados han extorsionado, robado o agredido sexualmente a cerca del 76% de los refugiados en Chad.

Refiriéndose a la fuente del problema que se halla en Sudán, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo semana atrás que el conflicto se alimenta del flujo de armas que llegan tanto a las Fuerzas Armadas como a las RSF.

Además, desde el organismo internacional, el representante en África del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, aseveró que en la actualidad toda la población de la ciudad de Jartum afronta una destrucción masiva de infraestructuras y se encuentra sin acceso al agua, sin electricidad y expuesta a gran cantidad de artefactos explosivos sin detonar.

A más de dos años del desencadenamiento de la violencia extrema, no han dado resultado los esfuerzos de las diferentes organizaciones y de los activistas que buscan conmover suficientemente a la comunidad internacional sobre un drama humanitario que continúa dando un grito sordo.