Las privatizaciones avanzan y el Gobierno Nacional ya puso fecha a la concreción del paso a manos privadas de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).
El Gobierno dispuso la contratación de un banco público para tasar las acciones estatales y fijar un plazo de ocho meses para concretar la venta, mediante la Resolución 1198/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial.
Ante este hecho, el Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional, cuyo porcentaje asciende al 90% del capital social.
El comunicado instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas –a través de su Unidad Ejecutora Especial Temporaria– a llevar adelante el proceso. Además, ordena a la Secretaría de Obras Públicas preparar la documentación técnica y contractual correspondiente, incluyendo el contrato de concesión.
La directiva se da a partir de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación, manifestó que “se encuentra imposibilitado actualmente de realizar la valuación del total de la empresa solicitada por AySA en un plazo razonable”.
También, se encomendó concretar la venta de al menos el 51% del total del paquete accionario de AySA a un operador estratégico mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional, “dentro del plazo de ocho meses contados desde la entrada en vigencia de la presente medida”.
De la misma manera se le encargó “realizar las medidas y acciones necesarias para la venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de propiedad del Estado Nacional en AySA” que no sean vendidas en la licitación.
Economía instruyó a la Secretaría de Obras Públicas a “elaborar la documentación licitatoria, técnica y contractual, del proceso de privatización de AySA, la cual incluirá el contrato de concesión correspondiente, debiendo contar con la intervención previa de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Y aclaró que la misma área “podrá solicitar la colaboración técnica y operativa de la sociedad”.
A su vez, determinó que deberá “articular las acciones necesarias” para garantizar que el proceso privatizador no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales.
Anteriormente, mediante el Decreto 494/2025 que autorizó la privatización, el Gobierno había sostenido que “la intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional”.
El Gobierno alude que la privatización de la empresa debido a que “para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AySA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa”.
Respecto del 10% del capital restante, continuará en manos de los trabajadores de AySA, dentro del programa de propiedad participada que la compañía ya tiene vigente.
Tras el anuncio de la privatización, diputados de Unión por la Patria presentaron una iniciativa para rechazar los decretos 493/2025 y 494/2025, en los que reforman el sistema de provisión de agua y comienzan el proceso de venta de AySA.
