El 28 de agosto de 1948, Eva Perón proclamó los “Derechos de la Ancianidad”, un conjunto de principios que reconocia a las personas mayores como sujetos de derecho y garantizaba su bienestar y dignidad.
Estos derechos fueron incorporados a la Constitución de 1949 y representaron un avance significativo en la justicia social para la tercera edad.
Los 10 derechos fundamentales para los adultos mayores
Derecho a la asistencia: Toda persona mayor debe contar con la protección integral de su familia o, en caso de desamparo, del Estado y sus instituciones.
Derecho a la vivienda: Garantiza el acceso a un hogar higiénico, seguro y con las comodidades necesarias para vivir dignamente.
Derecho a la alimentación: Se debe asegurar una alimentación adecuada, sana y adaptada a las necesidades físicas y la edad de cada persona.
Derecho al vestido: Las personas mayores tienen derecho a una vestimenta decorosa y apropiada al clima y sus condiciones particulares.
Derecho al cuidado de la salud física: Es fundamental la atención médica continua, que asegure el bienestar físico.
Derecho al cuidado de la salud moral: Se reconoce la libertad para expresar la espiritualidad, creencias y emociones, en armonía con la moral y culto de cada individuo.
Derecho al esparcimiento: Garantiza momentos de entretenimiento y actividades recreativas que contribuyan a una vida plena.
Derecho al trabajo: Cuando las condiciones de salud lo permitan, se debe facilitar la participación en actividades productivas o laborterapia.
Derecho a la tranquilidad: Las personas mayores deben vivir sus últimos años sin angustias ni preocupaciones innecesarias.
Derecho al respeto: Se reconoce la dignidad, empatía y consideración que merecen por parte de toda la sociedad.
La situación actual: ajuste y recortes en las políticas jubilatorias
En la actualidad, las políticas del gobierno de Javier Milei ponen en peligro estos derechos. Desde su asunción, se implementaron medidas de ajuste que afectan directamente a jubilados y pensionados.
En 2024, el 21% del recorte del gasto público se explicó por el ajuste en jubilaciones y pensiones . Además, la reforma previsional implementada por decreto en abril de 2024, que estableció que las jubilaciones se actualizarían por inflación y no por una combinación entre aumentos salariales y recaudación del sistema previsional, lo que resultó en una pérdida significativa de poder adquisitivo para los jubilados.
Represión en el Congreso: una respuesta violenta a la protesta social
Como respuesta a las políticas de ajuste del oficialismo, las y los jubilados diagramaron un plan de lucha que se sostiene todos los miércoles con movilizaciones en al Congreso. Sin embargo, en lugar de recibir respuestas institucionales, se enfrentan sistemáticamente a la represión por parte de las fuerzas de seguridad.
El 12 de marzo de 2025, durante una marcha de jubilados en Buenos Aires, más de un centenar de personas fueron detenidas de manera arbitraria, incluyendo dos niños, y al menos veinte manifestantes resultaron heridos . La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la violencia durante esta protesta y recordó a Argentina su deber de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la protesta social
Veto a la ley de aumento de jubilaciones: una muestra de desinterés por los derechos de los mayores
En julio de 2025, el presidente Javier Milei vetó en su totalidad una ley sancionada por el Senado que establecía un aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones, además de la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad . Esta decisión evidencia una falta de compromiso con los derechos de las personas mayores y una preferencia por mantener políticas de ajuste que afectan su bienestar.
La conmemoración de este día es una oportunidad para reflexionar sobre el compromiso del Estado con sus ciudadanos mayores.
