El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, que garantizaba actualización automática del presupuesto según inflación y mayor apoyo a becas, comedores, residencias e infraestructura universitaria, y la Ley de Emergencia Pediátrica, que destinaba fondos extraordinarios al Hospital Garrahan y a la atención infantil. El Ejecutivo argumentó que ambos proyectos “carecían de financiamiento genuino” y podían generar déficit e inflación.
Paros, marchas y clases públicas
La reacción de los gremios y organizaciones estudiantiles fue inmediata. Confirmaron un paro nacional de docentes y no docentes universitarios para el viernes 12 de septiembre y anunciaron la realización de asambleas el lunes 15 de septiembre para definir la continuidad del plan de lucha.
Además, ya se prevé una marcha federal universitaria para el miércoles 17 o el miércoles 24 de septiembre, en la que se reclamarán salarios dignos, reapertura de paritarias, aumento del presupuesto educativo y científico, y que el Congreso insista con las leyes vetadas.
Como parte del plan de lucha, también se realizarán clases públicas, radio abiertas, volanteadas y campañas en redes sociales para visibilizar los reclamos y generar presión sobre el Ejecutivo y el Parlamento.
Los gremios insisten en que la lucha busca no solo la aplicación de las leyes sancionadas, sino también condiciones laborales y salariales justas, así como el fortalecimiento del sistema educativo y sanitario público. Mientras tanto, las leyes regresan al Congreso, donde los legisladores podrían insistir y convertirlas en ley pese al veto. La presión colectiva y las medidas de fuerza se mantienen como estrategia central para que los proyectos sancionados por el Parlamento se implementen efectivamente.
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