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Un cardiólogo y un enfermero quedaron detenidos en Wheelwright por acopio de fentanilo y morfina en una causa federal

Ambos profesionales fueron imputados y quedaron en prisión preventiva. El hallazgo se produjo durante un allanamiento en su vivienda. La investigación también apunta a una millonaria estafa al PAMI.

Un médico cardiólogo y un enfermero radicados en la localidad santafesina de Wheelwright quedaron detenidos y con prisión preventiva tras ser imputados por la tenencia de fentanilo y morfina en condiciones irregulares, en el marco de una investigación federal que también los vincula a una presunta estafa millonaria contra el PAMI.

El procedimiento se originó a partir de un allanamiento realizado por fuerzas federales en el domicilio donde convivía la pareja, ubicado a unos 170 kilómetros de Rosario. Allí se encontraron 243 ampollas de fentanilo utilizadas y 50 ampollas de morfina sin abrir, además de insumos médicos, material quirúrgico y una importante cantidad de medicamentos de uso hospitalario.

Según la acusación formulada por los fiscales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi, los imputados habrían incurrido en el suministro de estupefacientes fuera de los casos autorizados por la práctica terapéutica, con un destino considerado ilegítimo, además del ejercicio irregular de la medicina. El juez federal Aurelio Cuello Murúa dispuso la prisión preventiva por un plazo de 90 días.

La investigación se encuentra además vinculada a una causa paralela por presunta defraudación al PAMI, en la que el cardiólogo Martín Andrada aparece como principal investigado. De acuerdo con la pesquisa, habría registrado miles de consultas y prácticas médicas a afiliados que en muchos casos desconocían dichas atenciones, generando un perjuicio económico estimado en cientos de millones de pesos.

Los fiscales sostienen que el profesional declaró haber atendido a más de 5.000 pacientes y realizado más de 50.000 prácticas entre 2023 y 2025, cifras que no se condicen con los registros y la información recabada en la investigación. Parte del análisis también detectó que numerosos afiliados residían fuera de la zona de atención declarada.

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Según trascendió, el total de la defraudación ronda los 700 millones de pesos, de los cuales 580 millones fueron abonados por Pami al profesional.

El caso se originó a partir de una denuncia de la Unidad Fiscal especializada en investigaciones vinculadas al sistema de salud de jubilados, que detectó irregularidades en la facturación de consultas y prácticas no reconocidas por los beneficiarios.

La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.

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