La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil volvió a poner en discusión la situación de los adolescentes que cometen delitos y las condiciones que tiene el Estado para intervenir sobre ellos.
La nueva normativa nacional baja la edad de punibilidad a los 14 años, amplía los delitos que pueden ser alcanzados por el sistema penal y establece un máximo de 15 años de prisión para personas menores de 18 años, además de prohibir la prisión perpetua.
En su columna semanal en Amanecer no es poco, la abogada especialista en derecho penal Jaquelina Balangione cuestionó que la implementación se produzca sin una adecuación suficiente de la infraestructura destinada a los jóvenes.
En este sentido, Balangione explicó que el régimen anterior contemplaba la punibilidad desde los 16 años y para delitos que superaran determinado nivel de gravedad. “Ahora con la nueva ley, esto no es así, se aplica para todo tipo de delitos, es decir, baja la edad y amplía la carta de todo tipo de delitos”, señaló.
Un sistema que debería priorizar lo socioeducativo
En primer lugar, la especialista consideró en que la privación de la libertad debería ser utilizada como última alternativa y que la nueva legislación contempla distintos mecanismos para evitar el encierro. Entre ellos mencionó los establecimientos de puertas abiertas, la prisión domiciliaria con dispositivos electrónicos y las herramientas vinculadas con la justicia restaurativa.
“Siempre hay que intentar que se quede en su casa, que sea a cargo de los padres, que todo lo que sea la pena sea socioeducativa”, sostuvo Balangione. Y agregó que el nuevo régimen plantea establecimientos donde los adolescentes puedan estudiar, realizar actividades y regresar a dormir, con un enfoque alejado del sistema penitenciario tradicional.
En ese sentido, destacó experiencias de otros países donde pudo conocer este tipo de dispositivos y marcó una diferencia con la situación argentina. “Los establecimientos son realmente socioeducativos, donde los chicos están todo el día trabajando, aprendiendo a hacer cosas, tienen un contacto, salen de la escuela, vuelven. El personal es absolutamente civil, no policial, no penitenciario”, describió.
Sin embargo, para Balangione, en este punto aparece uno de los principales inconvenientes de la aplicación de la normativa, y es que ampliación del universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal no fue acompañada por la infraestructura necesaria. Además, recordó que el texto estableció un plazo para que el Estado pudiera adecuar las condiciones y los establecimientos destinados a su aplicación.
“Pasaron estos seis meses y no se ha visto que el Estado haga cambios para que esto se aplique de la manera correcta”, cuestionó.
¿Cómo es la situación de Santa Fe?
El escenario en la provincia de Santa Fe se asemeja al nacional. Balangione señaló que existen pocos establecimientos destinados específicamente a adolescentes y cuestionó que las estructuras disponibles no respondan a las características socioeducativas que plantea la nueva normativa.
“Santa Fe tiene las mismas cosas que tenía en el año 2000. Se habrán reacondicionado algunos establecimientos, pero, por ejemplo, de puertas abiertas hay cuatro en toda la provincia”, señaló.
En este contexto, mencionó el pabellón juvenil de la cárcel de Las Flores y el dispositivo destinado a adolescentes en Rosario. Según sostuvo, se trata de una estructura que presenta limitaciones frente a un régimen que amplía la cantidad de jóvenes que pueden quedar alcanzados por el sistema penal.
Balangione también citó datos de la provincia para dimensionar el cuadro de situación. Según detalló, en diciembre de 2025 había 104 adolescentes privados de su libertad y otros 48 bajo prisión domiciliaria, y sostuvo que durante ese período el 44% de los legajos iniciados sobre menores correspondía a jóvenes que, bajo el régimen anterior, eran considerados no punibles.
“Esto indica que objetivamente se va a ver muchos más chicos presos”, afirmó.
En esta línea, y en relación a las alternativas disponibles, Balangione planteó dudas sobre la disponibilidad de dispositivos electrónicos para cumplir medidas de prisión domiciliaria. “Al no haber tobilleras van adentro”, sostuvo, al advertir que la falta de alternativas a la privación de libertad puede terminar aumentando la cantidad de adolescentes alojados en establecimientos cerrados.
Finalmente, sostuvo que el debate no debería reducirse únicamente a la edad de punibilidad, sino también a qué tipo de respuesta construye el Estado frente a los adolescentes que ingresan al sistema penal.
“Es un tema muy complejo”, resumió, y planteó la necesidad de continuar discutiendo qué ocurre con un joven una vez que ingresa al circuito de encierro.
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