Mediante el decreto 2746 firmado el pasado 7 de noviembre, el Gobierno de Santa Fe delegó en los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Economía, Pablo Olivares, la facultad de establecer y aprobar el régimen de beneficio de la tarifa social de los usuarios de energía eléctrica, determinar los parámetros para su otorgamiento, tope de consumo, duración y/o renovación de dicho beneficio.
La normativa -publicada este lunes en el Boletín Oficial- remarca que ”es una responsabilidad ineludible del Estado Provincial realizar todas las acciones necesarias para remover los obstáculos de orden económico y social que limiten el desarrollo y la vida en condiciones dignas y se compromete a adoptar acciones positivas dando abordaje a la indigencia, la pobreza y la exclusión”.
La Ley N° 10.014 -Estatuto Orgánico de la Empresa Provincial de la Energía (EPE)- establece que la Empresa tiene por finalidad satisfacer el derecho a la energía de la comunidad, promoviendo el abastecimiento de las necesidades energéticas mediante el uso socialmente racional de los recursos. Y en el Artículo 6°, Inciso q) de la mencionada Ley faculta al Poder Ejecutivo a “fijar tarifas preferenciales por razones de interés público, identificando los sectores o regiones beneficiados, debiendo en este caso arbitrar los medios necesarios para cubrir la diferencia y compensar a la Empresa Provincial de la Energía las sumas pertinentes”.
Irregularidades
Sin embargo, a principio de agosto el Gobierno de la provincia dio a conocer un trabajo conjunto entre los ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía, en el cual identificó “múltiples situaciones irregulares entre los usuarios beneficiarios de la tarifa subsidiada” de la Empresa Provincial de la Energía. Entre los casos detectados se encuentran suministros vinculados a personas fallecidas, inmuebles en alquiler, locales comerciales y hasta propiedades ubicadas en barrios de alto valor inmobiliario.
El objetivo del programa de Tarifa Social es garantizar el acceso a un consumo eléctrico residencial razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos. La diferencia entre lo que paga un usuario con tarifa social y el costo real del servicio es absorbida por el Estado provincial. Por este motivo, los controles implementados buscan eficiencia en la asignación de recursos públicos y justicia distributiva, para evitar que los excesos de unos sean financiados por el esfuerzo de todos los santafesinos.
Mayor control
Ante estas situaciones, se firmó el decreto que saca a la EPE la atribución de otorgar las tarifas sociales y lo delega a los ministros Puccini y Olivares. “La complejidad del universo de potenciales beneficiarios y la dinámica socioeconómica de la Provincia torna necesaria la implementación de un mecanismo ágil y coordinado para determinar, aprobar y establecer el régimen y los parámetros de otorgamiento, duración y/o renovación del beneficio de la tarifa social de energía eléctrica, que permita una adecuación constante a las necesidades de los usuarios y a las disponibilidades presupuestarias” señala el decreto.
Por tal motivo, los ministros de Economía y de Desarrollo Productivo tendrán la facultad de “determinar y aprobar el régimen de tarifa social de los usuarios de energía eléctrica, estableciendo parámetros para el otorgamiento, duración del beneficio y/o su renovación”.
