El paquete de leyes de Fortalecimiento de la Seguridad Pública avanza en la Legislatura de Santa Fe con el objetivo de ampliar las herramientas del Estado para prevenir e investigar delitos.
En ese marco, el diputado provincial de Unidos, Martín Rosúa, explicó los principales cambios que se debaten y defendió la iniciativa oficialista frente a los cuestionamientos por una posible vulneración de derechos y garantías constitucionales.
En diálogo con Amanecer no es poco, el legislador provincial adelantó que el compromiso de los bloques que participan de la discusión es alcanzar un dictamen este jueves, con la intención de otorgarle media sanción al proyecto en la Cámara de Diputados y girarlo al Senado para continuar su tratamiento.
Rosúa fundamentó la propuesta en la necesidad de sostener la política de seguridad provincial frente a la transformación de las organizaciones criminales. Según planteó, las medidas implementadas desde principios de 2024 contribuyeron a reducir los indicadores de violencia, pero advirtió que el escenario delictivo continúa cambiando.
“El delito no se terminó, las bandas se están retransformando, el delito se está modificando, está mutando, se está tornando cada vez más sofisticado”, señaló. En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo solicita nuevas herramientas para consolidar los resultados alcanzados y actuar antes de que se concreten nuevos hechos delictivos.
Juicios en ausencia, allanamientos e inteligencia criminal
Entre los principales puntos del paquete, Rosúa mencionó la incorporación del juicio en ausencia, que permitiría avanzar con un proceso penal contra una persona que se sustraiga de la Justicia, bajo las condiciones previstas por la ley y con intervención de la defensa.
También se propone ampliar las excepciones al requisito de una orden judicial previa para realizar allanamientos. Según explicó el diputado, la iniciativa contempla la posibilidad de ingresar a un domicilio cuando una persona sea encontrada en la vía pública con armas o explosivos, con un control judicial posterior.
Otro de los ejes es la regulación de las tareas de inteligencia criminal para permitir que las fuerzas de seguridad investiguen las estructuras de las organizaciones delictivas y no intervengan únicamente cuando el delito ya fue cometido.
Rosúa remarcó que las medidas que impliquen una intromisión en la privacidad deben contar con autorización judicial. “Si hay que pinchar un teléfono, si hay que invadir la intimidad de una persona interviniendo en las redes sociales o algo, tiene que ser debidamente fundado y autorizado por el juez”, afirmó.
El proyecto también prevé un régimen de aislamiento para presos de alto perfil que, aun estando detenidos, sean descubiertos impartiendo órdenes para cometer delitos desde las cárceles. El legislador sostuvo que la medida tendría un plazo determinado y podría ser revisada judicialmente.
A su vez, se busca ampliar el alcance de las recompensas para que puedan otorgarse no solamente después de la resolución de un delito, sino también cuando la información aportada permita prevenir su comisión, desarticular una banda o neutralizar un peligro concreto para la seguridad pública.
Rosúa respondió a las críticas por las garantías constitucionales
Los cuestionamientos de sectores de la oposición apuntan a los posibles riesgos que estas facultades podrían representar para los derechos individuales. Frente a esas objeciones, el diputado reconoció que la discusión exige equilibrar las necesidades de seguridad con las garantías de las personas investigadas o condenadas.
“Cuando le das a un gobierno las herramientas que te pide para actuar en materia de seguridad pública, siempre automáticamente se ponen en tensión la necesidad que ese Estado tiene de proteger a las víctimas, de proteger a la sociedad y garantizar el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad de las personas con los derechos individuales y las garantías”, sostuvo.
Como antecedente, recordó los debates que acompañaron las reformas en materia de seguridad aprobadas a principios de 2024. Según su evaluación, las advertencias sobre posibles excesos no se tradujeron en un escenario generalizado de abusos por parte de las fuerzas policiales o los organismos judiciales.
El legislador también defendió la necesidad de analizar cada herramienta en función del problema que busca resolver, su proporcionalidad y los mecanismos de control previstos. En esa línea, destacó la posibilidad de establecer revisiones judiciales y administrativas para determinadas medidas.
Rosúa aseguró que durante la elaboración del paquete se recibieron observaciones de distintos sectores, entre ellos representantes de la Justicia y de la defensa. Sin embargo, cuestionó parte de las objeciones al considerar que algunas responden a planteos generales o a diferencias ideológicas.
“Contra el delito no se puede ir con medidas tibias: se tiene que ir a fondo, respetando los derechos y garantías”, concluyó.
El debate continuará este jueves en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con el dictamen y la media sanción del paquete. Si se aprueba, la iniciativa pasará al Senado santafesino para proseguir su tratamiento legislativo.
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