El Gobierno nacional oficializó este martes la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay, al firmar el contrato con la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. La decisión marca el inicio de una nueva etapa en la administración del principal corredor del comercio exterior argentino, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones del país.
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía calificó la adjudicación como un “hito histórico de transparencia” y sostuvo que el nuevo esquema permitirá mejorar la eficiencia operativa de la vía navegable. Además, afirmó que el Estado conservará funciones de control sobre la concesión y avanzará en la conformación de un Consejo de Control con participación de las provincias ribereñas y usuarios del sistema.
Sin embargo, la decisión quedó envuelta en una fuerte controversia. Desde distintos sectores políticos, especialistas y analistas se cuestionó el proceso licitatorio y se advirtió sobre un posible direccionamiento de los pliegos. También se reavivó el debate sobre la conveniencia de delegar la gestión de una infraestructura considerada estratégica para la economía nacional.
En ese contexto, el periodista Alejandro Bercovich sostuvo en C5N que el Grupo Neuss aparece como un probable subcontratista de Jan De Nul para las tareas de dragado. Según planteó, esa participación estaría vinculada a empresarios con llegada a sectores de influencia del oficialismo. Hasta el momento, el Gobierno no respondió públicamente a esas afirmaciones ni existen resoluciones judiciales que acrediten irregularidades en la adjudicación.
Un corredor clave para la economía
La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye la principal vía de salida de la producción agroindustrial argentina y conecta alrededor de 60 terminales portuarias. Además de garantizar la navegabilidad del río, la concesión contempla obras de dragado, redragado, balizamiento y la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la seguridad de la navegación y reforzar los controles.
El contrato tendrá una duración inicial de 25 años, con la posibilidad de extenderse por otros cinco. El esquema económico prevé que las obras sean financiadas mediante el cobro de peajes a los usuarios de la vía, sin aportes directos del Estado nacional.
Las proyecciones oficiales estiman un crecimiento del tránsito de embarcaciones en los próximos años, impulsado por una mayor actividad del comercio exterior. Al mismo tiempo, el nuevo esquema de gestión mantiene abierto el debate sobre la transparencia del proceso de adjudicación, el control estatal y el resguardo de la soberanía sobre uno de los activos logísticos más importantes de la Argentina.
Autor
