El pasado miércoles 5 de noviembre de 2025, el Gobierno nacional anunció oficialmente el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la compañía estatal que opera las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse.
La resolución establece la venta del 44 % del paquete accionario mediante licitación pública, la asignación de un 5 % a los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada, y la conservación del 51 % en manos del Estado.
Según el Ejecutivo, el objetivo es “modernizar la gestión” y “abrir el capital al sector privado” para atraer inversiones que permitan financiar obras de infraestructura, como la extensión de vida útil de Atucha I. Sin embargo, la medida generó fuertes críticas en el ámbito científico, político y sindical, donde se la considera una cesión de control sobre un área estratégica y una amenaza a la soberanía energética.
Una empresa rentable que representa soberanía tecnológica
Nucleoeléctrica Argentina no es una empresa deficitaria. En los últimos años registró superávit operativo y niveles récord de generación eléctrica, además de sostener proyectos de investigación propios que consolidaron al país como referente regional en desarrollo nuclear.
Para especialistas y trabajadores del sector, la medida no busca eficiencia sino trasladar al mercado el control de un área clave, debilitando una estructura científica construida durante décadas. “No se trata solo de vender acciones, sino de resignar soberanía”, advirtieron desde el ámbito académico.
También hay preocupación por la posible extranjerización del accionariado y la falta de transparencia en el proceso de valuación de la empresa. A diferencia de otras áreas de la economía, la energía nuclear involucra seguridad nacional, conocimiento estratégico y planificación a largo plazo, factores que difícilmente se compatibilizan con la lógica de rentabilidad inmediata.
Mientras el Gobierno defiende la medida como una apertura “necesaria”, el debate crece: ¿puede el mercado garantizar el desarrollo de un sector que simboliza la soberanía científica y energética argentina? Para muchos, la respuesta es no. Privatizar Nucleoeléctrica es abrir la puerta a un retroceso que podría costar décadas de desarrollo nacional.
Autor
