Desde este lunes, en la Ciudad de Buenos Aires, revolver un contenedor de basura y dejar residuos en la vía pública puede costar hasta $890.544 o derivar en quince días de trabajos comunitarios. El anuncio, realizado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, fue presentado como una estrategia para frenar el vandalismo y preservar la limpieza urbana.
Sin embargo, la medida encendió un debate mucho más profundo, debido a que en la mayoría de los casos se trata de en situación de calle y recuperadores urbanos, quienes dependen de los residuos como fuente de alimento o ingreso. En ese sentido, la multa resulta tan desproporcionada como paradójica: si tuvieran ese dinero, no necesitarían revolver basura.
La disposición encaja en una línea de gestión que prioriza la “imagen de Ciudad Limpia” por encima de atender las causas estructurales de la pobreza. En lugar de invertir en políticas de inclusión, empleo y acceso a la vivienda, se endurecen las sanciones contra quienes padecen sus consecuencias.
Em esta línea, el propio Jorge Macri ordenó a la Policía exigir que la persona que sea sorprendida manipulando basura limpie y ordene el lugar, bajo amenaza de sanción inmediata. En redes, el anuncio despertó ironías y enojo: “Multar al hambre no lo hace desaparecer”, escribió un usuario.
En este contexto, la medida no solo abre un debate sobre la limpieza y el orden urbano, sino también sobre qué entiende el Gobierno porteño por seguridad y qué lugar ocupan en sus prioridades las personas más vulnerables de la ciudad.
