A partir de las 0 de este sábado entrará en vigencia en todo el país la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y fija en 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser sometido a un proceso penal.
En Santa Fe, el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, explicó que la provincia cuenta con herramientas y dispositivos para poner en funcionamiento el nuevo esquema. El funcionario aclaró, además, que la modificación legislativa no producirá por sí misma un descenso inmediato de los niveles de inseguridad y sostuvo que el efecto disuasivo podrá observarse cuando el régimen comience a aplicarse de manera efectiva.
La normativa establece respuestas diferenciadas para adolescentes de entre 14 y 18 años, de acuerdo con la gravedad del hecho y las características particulares de cada situación. La privación de la libertad aparece contemplada dentro de ese abanico, aunque no implica que todos los menores alcanzados por la nueva edad de imputabilidad sean enviados a establecimientos cerrados.
Tres niveles de intervención
En Santa Fe, el esquema contempla distintas modalidades de restricción de la libertad. El primer nivel corresponde al arresto domiciliario, que puede estar acompañado por un dispositivo de monitoreo electrónico.
En un segundo escalón se encuentran los Establecimientos Socioeducativos de Puertas Abiertas (ESPA). Se trata de espacios destinados a adolescentes que deben cumplir una medida de institucionalización, pero sin quedar sometidos a un régimen cerrado.
La alternativa de mayor intensidad estará reservada para los casos más graves. Los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ) funcionarán bajo un sistema cerrado y estarán destinados a adolescentes involucrados en hechos violentos o que requieran mayores niveles de contención.
La legislación nacional establece que los adolescentes privados de su libertad deberán permanecer separados de las personas adultas detenidas.
Santa Fe ya tenía una estructura específica
Cococcioni señaló que la entrada en vigencia de la nueva normativa no obligará a la provincia a transformar por completo su sistema. Santa Fe ya contaba con buena parte de las herramientas destinadas a intervenir ante situaciones de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Uno de los principales antecedentes es el Código Procesal Penal Juvenil santafesino, sancionado en 2023 y vigente desde junio de 2025. La normativa provincial incorporó un sistema acusatorio específico para adolescentes y se complementa con dispositivos especializados que funcionan en distintos puntos del territorio.
En paralelo, el Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe estableció nuevas pautas para fortalecer la defensa especializada de adolescentes. Las medidas incluyen capacitación y seguimiento de los dispositivos de responsabilidad penal juvenil, además de criterios vinculados con la justicia restaurativa, la autonomía progresiva y el principio de utilizar la privación de la libertad como último recurso.
De esta manera, el nuevo régimen modifica desde este sábado el punto de partida de la responsabilidad penal adolescente. Sin embargo, la incorporación de los jóvenes de 14 y 15 años al sistema no supone una derivación automática a establecimientos cerrados: cada situación deberá ser analizada por la Justicia, que determinará la respuesta correspondiente de acuerdo con el delito, las circunstancias del hecho y las alternativas previstas por la legislación.
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