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Actualidad Política

Fentanilo contaminado: cuando el Estado falla y el negocio farmacéutico mata

Argentina atraviesa una de las crisis sanitarias y judiciales más graves de las últimas décadas: la muerte de más un centenar de personas a causa de fentanilo contaminado distribuido por un laboratorio nacional que, en teoría, debía tener garantizada la calidad y seguridad del producto.

El fentanilo es un opioide sintético potente, indispensable en anestesias y terapias intensivas, cuya manipulación requiere protocolos estrictos.
El fentanilo es un opioide sintético potente, indispensable en anestesias y terapias intensivas, cuya manipulación requiere protocolos estrictos.

Lo que comenzó como una serie de casos aislados en hospitales, se transformó en una bola de nieve que hoy arrastra a tres laboratorios – HLB Pharma, Apolo y Ramallo- a funcionarios de control cuestionados y a un sistema político que reacciona tarde, entre la indignación social y la necesidad de dar respuestas.

El escándalo es doblemente grave porque no hablamos de drogas ilegales que circulan en el mercado clandestino, sino de medicamentos clínicos, de uso hospitalario, aprobado por la ANMAT.

El fentanilo es un opioide sintético potente, indispensable en anestesias y terapias intensivas, cuya manipulación requiere protocolos estrictos. Sin embargo, en Argentina se convirtió en un veneno mortal por negligencia empresarial, fallas regulatorias y complicidades políticas.

La consecuencia ya está escrita: 106 muertes confirmadas y cientos de personas afectadas que sobrevivieron de manera agónica tras recibir dosis contaminadas.

En el centro de escena aparece HLB Pharma, el laboratorio que más rápido quedó expuesto. Durante los allanamientos se encontraron lotes de fentanilo adulterado y graves irregularidades en sus procesos internos. Varios directivos fueron detenidos en las últimas horas, acusados de homicidio culposo y estrago doloso. El juez federal a cargo investiga si hubo un patrón sistemático de negligencia y si la empresa operó conscientemente con controles mínimos para abaratar costos.

El expediente se nutre de informes toxicológicos, testimonios médicos y pruebas incautadas, y ya se convirtió en un caso testigo de la precariedad con que funciona parte de la industria farmacéutica argentina.

Pero HLB Pharma no está sola. La causa se amplió al Laboratorio Apolo, en Rosario, que ya arrastraba denuncias previas por irregularidades en la producción de anestésicos. Apolo, según la investigación, habría funcionado como un eslabón complementario en la cadena de distribución de fármacos adulterados.

La justicia busca determinar si se trató de connivencia empresarial o de un circuito paralelo de provisión que escapó a todos los controles. En Santa Fe, médicos y sindicatos de la salud venían advirtiendo sobre las falencias de Apolo, pero sus denuncias no prosperaban más allá de la burocracia.

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Ahora con el escándalo del fentanilo, ese silencio se explica mejor: había demasiado en juego como para destapar la olla.

El tercer actor es el Laboratorio Ramallo, que también quedó bajo la lupa judicial tras detectarse vínculos en la cadena de distribución y posibles adulteraciones en su planta. Aunque todavía no se confirmó que de allí provinieran lotes mortales, las sospechas alcanzan para colocarlo en la misma red de responsabilidad.

En todos los casos, lo que se repite es la precariedad: controles internos deficientes, procesos de calidad incompletos y una cultura empresarial más preocupada por la rentabilidad inmediata que por la seguridad de los pacientes.

La ANMAT aparece en esta historia como la gran ausente.

Y acá me voy a permitir la licencia de invitarlos a recordar. Recordar que es la ANMAT y para que sirve:

ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica – Organismo descentralizado que se encuentra dentro del ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

Y ahora recordemos lo más importante según el decreto  1490/1992, algunas de sus funciones son y cito textual

  1. El control y fiscalización sobre la sanidad y calidad de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico, materiales y tecnología biomédicos y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana.
  2. La vigilancia sobre la eficacia y la detección de los efectos adversos que resulten del consumo y utilización de los productos, elementos y materiales comprendidos en los puntos anteriores, como también la referida a la presencia en los mismos de todo tipo de substancia o residuos, orgánicos e inorgánicos, que puedan afectar la salud de la población.
  3. El contralor de las actividades, procesos y tecnologías que se realicen en función del aprovisionamiento, producción, elaboración, fraccionamiento, importación y/o exportación, depósito y comercialización de los productos, substancias, elementos y materiales consumidos o utilizados en la medicina, alimentación y cosmética humanas.
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Y podría enumerar todas sus funciones, pero pueden buscar el decreto completo argentina.gob.ar/anmat/gestiondecalidad

¿Se entiende? Parece una novela de terror…el organismo que debía garantizar la pureza y seguridad de cada lote se limitó a reaccionar tarde, cuando los hospitales ya habían reportado muertes. Su intervención consistió en retirar series enteras y publicar comunicados, pero no hubo un sistema preventivo que anticipara la tragedia. Este rol pasivo desnuda una crisis institucional: ¿cuánto de lo que consumimos en clínicas y hospitales pasa realmente por auditorías serias? ¿O estamos frente a un modelo de control que existe más en el papel que en la práctica?

La dimensión política del caso no es menor. El presidente Javier Milei presionó públicamente al juez de la causa, reclamando celeridad y ejemplaridad en las condenas. Esa intromisión generó polémica, pero también revela la magnitud del escándalo: el gobierno teme que el caso erosione aún más la confianza social en el Estado y en el sistema de salud.

Desde la oposición, en cambio, las críticas apuntan a la falta de inversión en controles y a la connivencia histórica entre laboratorios y poder político. La grieta, como siempre, se mete también en las muertes por fentanilo.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, dijo durante la semana que no serán “las últimas ni las únicas” las detenciones en la causa por contaminación con fentanilo, que ya tiene más un centenar de muertes y en la que la Municipalidad de Rosario es querellante.

Javkin vinculó la investigación con la explosión del laboratorio Apolo en Rosario y explicó: “La historia de Apolo tiene que ver con esto. La condena a García Furfaro y sus socios, que terminaron haciendo probation limpiando el Museo del PJ de San Nicolás, les permitió seguir en el rubro de droguerías y fabricación de medicamentos, y eso hoy deriva en esta causa”.

El trasfondo es tan inquietante como evidente: Argentina es un país donde las reglas suelen relajarse cuando hay intereses económicos fuertes. Lo vimos en la obra pública, en la importación de alimentos y ahora lo vemos en la industria farmacéutica. El negocio prevalece sobre la vida. Y mientras tanto, familias enteras lloran la pérdida de seres queridos que murieron en un quirófano o en una sala de emergencias, confiando en que el medicamento aplicado era seguro. La traición no pude ser más brutal.

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El desafío ahora es múltiple. En el plano judicial, será clave que las causas avancen hasta el final, que no se limiten a algunos directivos y que revelen la trama completa, incluyendo complicidades estatales.

En el plano sanitario, urge reconstruir un sistema de control creíble, con auditorías independientes, protocolos de trazabilidad y sanciones ejemplares.

Y en el plano político la discusión debería trascender la coyuntura: no alcanza con indignarse frente a la catástrofe, hay que diseñar un modelo de supervisión que evite que algo así vuelva a ocurrir.

El caso del fentanilo contaminado es un golpe a la línea de flotación de la Argentina. Nos recuerda que no basta con tener leyes o agencias de control si esas instituciones funcionan tarde o mal. Nos advierte que la negligencia empresarial, combinada con la desidia estatal, puede matar tanto como mata un narcotraficante en la esquina de un barrio. Y nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿cuántas tragedias más necesitamos para aprender que la salud pública no puede dejarse librada al mercado o a la improvisación?

El futuro de esta causa será decisivo. Si los responsables son condenados, si la ANMAT se reforma y si el sistema político asume la gravedad del caso, quizá esta tragedia sirva como punto de inflexión. Pero si, como tantas veces, el expediente se diluye en tecnicismos y negociaciones, las muertes quedarán reducidas a una estadística más y el mensaje será devastador: en Argentina hasta los medicamentos que deberían salvarte la vida pueden matarte.

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