Santa Fe acaba de dar un paso que parecía imposible hace apenas un par de años: tocar de lleno el corazón del Poder Judicial en el marco de la Reforma Constitucional. La ampliación de la Corte Suprema, la paridad de género, los concursos públicos, l edad límite para los jueces y el reconocimiento de organismos clave son ahora parte de una nueva arquitectura institucional. La pregunta inevitable es: ¿alcanzará con cambiar el diseño para cambiar la realidad?
Porque si algo le sobra a Santa Fe es experiencia en normas bien escritas y sistemas que nunca terminan de funcionar. En teoría, los concursos públicos y la participación ciudadana prometen acabar con la lógica del amiguismo que contaminó la selección de jueces, fiscales y defensores. Pero todos sabemos que la política santafesina tiene talento de sobra para adaptar las viejas prácticas a los nuevos ropajes.
La ampliación de cinco a siete miembros de la Corte Suprema se presenta como un gesto de pluralidad y diversidad. Con paridad de género incluida, el cambio parece moderno y alineado con los tiempos. Pero la Corte santafesina no es un cuerpo ornamental: concentra poder, fija jurisprudencia y ordena el tablero político en momentos de crisis.
Por eso, el riesgo no es menor: más sillas pueden traducirse en más espacio para el reparto partidario. ¿Quién se anima a garantizar que la nueva Corte no será simplemente un mosaico de cuotas políticas? Lo que la sociedad espera no es una corte más grande, sino una Corte más independiente.
El nuevo esquema de designación es otra de las banderas de la reforma. Concurso público, dictamen técnico, participación ciudadana y acuerdo legislativo. En los papeles, impecable. En la práctica, la transparencia depende de quién controla el filtro.
Ya conocemos la película: concursos “a medida”, jurados que responden al oficialismo de turno y ciudadanos convidados de piedra. La sociedad santafesina necesita algo más que la puesta en escena de la transparencia: necesita creer que quién llega a un juzgado lo hace por capacidad, no por cercanía política.
El límite de 75 años para los jueces viene a ponerle un topea la eternización de cargos. Es saludable que nadie se considere dueño vitalicio de un despacho. Pero aquí también surge un dilema: ¿esla edad el verdadero problema o lo es la falta de evaluación seria del desempeño? Un juez mediocre puede hacer estragos con 40 años y un juez sabio puede seguir aportando con 80.
Santa Fe se debía un mecanismo de control más sofistica do, que no se reduzca solo a contar calendarios, sino a medir calidad, eficiencia y compromiso.
Por primera vez, el Ministerio Público de la Acusación, la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo quedan blindados por la Constitución. Un reconocimiento justo: son instituciones claves para equilibrar poder y garantizar derechos. Pero el reconocimiento en el papel no alcanza si el presupuesto es mínimo y si la política sigue tentada a influir en su conducción.
Nadie ignora que el MPA estuvo en el centro de las tormentas recientes por corrupción interna y connivencia con el narcotráfico. ¿Será la nueva Constitución el escudo suficiente para blindarlo de la política y de las mafias? La letra constitucional es fuerte, pero la realidad puede ser más dura.
El mayor riesgo de la reforma judicial santafesina no está en lo que se aprobó, sino en cómo se usará. Una Corte más grande, un sistema de concursos, un Consejo de Selección: todo suena moderno y republicano. Pero, mal usado, todo puede volverse un mecanismo de control político más sofisticado.
Santa Fe no necesita una justicia obediente ni una justicia decorativa. Necesita una justicia incómoda, capaz de ponerle límites al poder, sea quien sea el que gobierne.
La Reforma de la Constitución fue presentada como un salto histórico. Y lo es: Santa Fe llevaba más de seis décadas sin tocar sus instituciones. Pero la historia provincial enseña que los textos más progresistas pueden convertirse en letra muerta si no hay decisión política de cumplirlos.
El espejo en el que debe mirarse ahora la política santafesina no es el de la solemnidad de la jura constitucional, sino el de la calle, donde la inseguridad, la impunidad y la lentitud judicial siguen marcando la vida cotidiana. Allí es donde se medirá si esta reforma sirve o si será otra hoja amarillenta en os archivos.
La reforma judicial santafesina abre una puerta que era imprescindible abrir. Reconoce, moderniza, equilibra. Pero al mismo tiempo nos enfrenta a la urgencia más difícil: hacer que la justicia sea creíble para la sociedad.
Porque en Santa Fe la gente no desconfía de la Constitución, desconfía de los jueces, de los fiscales y de los políticos que se amparan en ellos. Y ninguna reforma, por perfecta que sea, podrá borrar esa distancia de un plumazo.
La oportunidad está servida. El desafío es monumental. La pregunta es si la dirigencia estará a la altura o volveremos a escribir editoriales, dentro de diez años, preguntándonos por qué nada cambió.
