En el marco de la ya tradicional marcha de jubilados de los miércoles, en reclamo de una mejora de los haberes jubilatorios y -en esta ocasión en particular- en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un aumento para jubilaciones y pensiones mínimas, la Policía de la Ciudad desplegó un desproporcionado operativo de represión.
La marcha convocada por organizaciones de jubilados, gremios y agrupaciones sociales, se desarrolló de manera pacífica hasta que efectivos policiales avanzaron sobre los manifestantes, incluso contra adultos mayores, con empujones y gas pimienta. Terminó con al menos siete detenidos y denuncias de represión a personas mayores.
Pese a que el protocolo “anti piquete” implementado por la ministra Patricia Bullrich establece que aquellos que se manifiesten deben hacerlo sobre las veredas, los efectivos policiales avanzaron también en ese espacio para intentar que se retiren.
El silencio del Gobierno frente a los hechos y el uso sistemático de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones sociales marcan un preocupante escenario de criminalización de la protesta.
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