Neuquén es la primera provincia en regular el uso de celulares dentro del aula en escuelas primarias y secundarias.
La normativa fue aprobada por amplia mayoría en la legislatura neuquina. Además de la regulación que será implementada por el Ministerio de Regulación, se sancionó un proyecto contra la violencia hacia los docentes.
“Los celulares interrumpen el aprendizaje, generan distracción, dificultan el vínculo entre docentes y estudiantes, y en muchos casos son vehículo de acoso escolar y exposición no deseada en redes sociales”, expresó la legisladora durante la sesión.
La ley regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos móviles por parte de los estudiantes tanto en las instituciones de educación pública como privada.
En su segundo articulo la ley prohíbe el uso de dispositivos en los niveles inicial y primario, tanto dentro del aula como en otros espacios del establecimiento.
En el nivel primario el uso solo estará permitido en actividades específicas y deberán contar con la autorización de los tutores del infante.
En el caso de la secundaria, el uso del celular solo se tolerará para ser usado con fines educativos pero no requerirá de la autorización de un adulto tutor.
En cualquiera de los casos, la normativa aclara que los dispositivos deben permanecer apagados y fuera del entorno visual de los alumnos. Los espacios en los que se deba cumplir esto serán dispuestos por cada institución educativa.
La medida entrara en vigencia una vez que sea reglamentada por el Ministerio de Educación Provincial.
Violencia hacia los docentes
En la misma sesión, se promulgó una ley que busca frenar la violencia hacia los docentes de los diferentes niveles y concientizar acerca de ella a través de diferentes acciones.
En primer lugar se creará un protocolo de actuación ante situaciones de violencia escolar. También se realizarán capacitaciones de convivencia escolar y dispositivos de seguridad física y electrónica.
Ante agresiones, se sancionará a los responsables con multas, trabajo comunitario y arresto, hasta la suspensión y cesantía de agentes públicos agresores. Se realizarán políticas y reformas para evitar estos episodios que serán supervisados por una comisión interinstitucional.
