La administración nacional formalizó el envío al Congreso del proyecto para modificar la Ley 26.639 de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Según el comunicado oficial de la Oficina del Presidente, la iniciativa busca ordenar el marco normativo actual para finalizar con interpretaciones que el Ejecutivo considera arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental.
La redefinición del ambiente periglacial en el centro del debate
El núcleo técnico de la reforma se centra en la revisión del concepto de ambiente periglacial. Actualmente, la ley sancionada en 2010 protege no solo las masas de hielo expuestas, sino también áreas de suelo congelado con ciclos de congelación y descongelación que actúan como reguladores hídricos. Los funcionarios que defienden la modificación sostienen que la redacción vigente es “indefinida”, lo que habría generado inseguridad jurídica y paralizado inversiones productivas, especialmente en el sector minero.
El proyecto cuenta con el respaldo político de los gobernadores que integran la Mesa del Cobre: Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy). Desde el sector oficialista se argumenta que la ley debe limitar su protección a los cuerpos de hielo que constituyan reservas estratégicas de agua comprobables, eliminando lo que califican como barreras ideológicas que obstaculizan el desarrollo económico regional.
Posturas encontradas: seguridad jurídica frente a preservación hídrica
Desde el sector técnico y empresarial, especialistas como el geólogo Eddy Lavandaio y el biólogo Bernardo Parizek señalan que la protección actual abarca territorios que no siempre funcionan como recursos hídricos efectivos. Sostienen que el inventario realizado por el Ianigla (Conicet) debe ser la referencia exclusiva para la protección, permitiendo que actividades productivas operen en zonas donde el aporte hídrico es nulo o irrelevante. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) reforzó esta visión, pidiendo que la determinación de las reservas se realice mediante estudios específicos caso por caso.
En la vereda opuesta, un colectivo de 25 organizaciones ambientales y científicos advierten que cualquier retroceso en la protección ambiental sería ilegal e inconstitucional. La coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares, Laura Zalazar, explica que el ambiente periglacial representa agua dulce en estado sólido y que, aunque algunas geoformas no estén en el inventario actual, su existencia y función hídrica son reales. Por su parte, especialistas de Greenpeace Argentina recuerdan la vigencia del principio precautorio, señalando que en años de sequía el suelo congelado puede aportar hasta un 30% del caudal de los ríos cordilleranos.
El impacto en el Inventario Nacional y la actividad extractiva
La ley original prohíbe taxativamente en su artículo 6 la exploración minera e hidrocarburífera, así como la instalación de industrias en áreas protegidas. Hasta la fecha, el Inventario Nacional ha relevado 16.968 cuerpos de hielo, lo que representa una superficie de aproximadamente 8.484 kilómetros cuadrados. La reforma propuesta pretende que solo se protejan aquellos glaciares que cumplan una función hídrica “efectiva y actual”, lo que abriría la puerta a proyectos mineros hoy bloqueados por la proximidad a suelos congelados o glaciares de escombros de menor tamaño.
La resolución de este conflicto normativo marcará el rumbo de la política ambiental y económica del país para la próxima década. Mientras el Gobierno y las provincias mineras buscan agilizar la llegada de capitales para la extracción de minerales críticos como el cobre, la comunidad científica y ambientalista insiste en que la protección de las cabeceras de cuenca es innegociable en un contexto de crisis climática global. El debate en el Congreso será clave para definir si se alcanza un equilibrio técnico o si la disputa termina nuevamente en instancias judiciales.
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