El Gobierno de Santa Fe presentó un proyecto de ley para fortalecer la prevención y protección frente a la violencia de género. La iniciativa, que será enviada a la Legislatura, establece un sistema de evaluación de riesgo con cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico.
A partir de esa clasificación, la Justicia podrá aplicar medidas de protección de manera progresiva. En los casos más graves se contempla el retiro de armas y la colocación de tobilleras electrónicas al agresor, mientras que los incumplimientos de las órdenes judiciales podrán derivar en arrestos conminatorios.
El proyecto establece que para determinar el nivel de riesgo se deberán considerar factores como amenazas de muerte, separación reciente, control coercitivo, presencia de armas, violencia sexual, estrangulamiento, incumplimientos de medidas anteriores y reiterados llamados al 911.
La propuesta también incorpora la percepción de riesgo expresada por la propia víctima como un elemento que deberá ser tenido en cuenta. Además, excluye la mediación y la conciliación en situaciones de violencia de género.
Otro de los cambios apunta a evitar que las víctimas tengan que realizar trámites que puedan exponerlas nuevamente al agresor. Las denuncias podrán efectuarse en cualquier comisaría u organismo habilitado y, ante una situación urgente, cualquier tribunal podrá intervenir.
Las medidas de protección tendrán vigencia inmediata, incluso antes de que el agresor sea notificado. El objetivo, según explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, es que sea el agresor quien deba adecuar su conducta y no que la persona afectada cargue con nuevas obligaciones.
El proyecto también prevé un equipo interdisciplinario especializado, un registro digital único para compartir información entre organismos y un fondo provincial de asistencia urgente destinado a fortalecer la autonomía económica de las víctimas y sus familias.
La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, destacó que la iniciativa busca pasar de una respuesta centrada en los hechos consumados a un modelo de prevención y detección temprana, con una intervención estatal que aumente a medida que crece el peligro.
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