La investigación sostiene que Orozco desobedeció en reiteradas oportunidades una resolución judicial vigente desde el 12 de diciembre de 2025, mediante la cual se le prohibía ingresar al ejido urbano de Firmat.
El primero de los episodios ocurrió el 24 de julio, cuando efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Blas Parera. Durante el procedimiento, los agentes encontraron al imputado dentro del domicilio, pese a la restricción que pesaba sobre él.
Para la fiscalía, esa situación constituyó el primer incumplimiento de la medida cautelar.
Un control vehicular derivó en otros dos hechos
La acusación también incorpora otros dos episodios ocurridos el 31 de julio durante un operativo de tránsito desarrollado en la zona de ruta 93 y La Quemada.
Según la investigación, inspectores municipales detuvieron una camioneta Nissan conducida por Orozco para realizar un control de rutina. En ese momento, el conductor habría rechazado el procedimiento y escapado del lugar sin exhibir la documentación requerida.
Siempre de acuerdo con la reconstrucción judicial, durante la fuga ingresó al predio de la Bloquera Municipal por calle Los Algarrobos, permaneciendo dentro de Firmat y violando nuevamente la prohibición judicial.
Estos hechos fueron incorporados como dos nuevos cargos por desobediencia.
Permanecerá detenido mientras avanza la causa
Tras la audiencia imputativa, la Justicia resolvió que Orozco continúe privado de su libertad y sea trasladado a la Alcaidía de Melincué, donde permanecerá alojado mientras se desarrollan las próximas etapas del proceso.
La investigación continúa para determinar las responsabilidades derivadas del presunto incumplimiento de la orden judicial.
Un historial marcado por condenas por narcotráfico
El nombre de “Totola” Orozco aparece desde hace años en distintas investigaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes en el sur santafesino.
Entre sus antecedentes figura una condena dictada en 2020 por la Justicia Federal, que le impuso una pena de ocho años y diez meses de prisión por integrar una organización dedicada a la comercialización de cocaína y marihuana en Firmat y Chabás.
En aquella causa se determinó que, incluso mientras permanecía detenido en una cárcel federal, continuaba coordinando el funcionamiento de la estructura criminal, administrando recursos y organizando la distribución de drogas.
Ahora enfrenta un nuevo proceso judicial, esta vez en el ámbito provincial, por la presunta violación reiterada de una medida cautelar que le impedía ingresar a Firmat.
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