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Balangione reclamó herramientas de reinserción: “El encierro no alcanza para resolver el problema del delito”

En su columna semanal en Amanecer no es poco, la abogada especialista en derecho penal analizó la reforma de la ley penal juvenil y cuestionó las respuestas centradas exclusivamente en el encierro. Sostuvo que es necesario abordar las causas sociales de la delincuencia y fortalecer la educación y el trabajo dentro de las cárceles.

herramientas de reinserción

El debate por la implementación de la reforma penal juvenil y el endurecimiento de las respuestas frente al delito reabren una discusión sobre la eficacia del castigo como herramienta de prevención.

En Santa Fe, la apalicación de alternativas al encierro convive con discursos que priorizan el endurecimiento de las penas, una contradicción que la abogada especialista en derecho penal Jaquelina Balangione volvió a plantear al profundizar su análisis sobre la justicia restaurativa.

En la continuidad de su columna semanal en Amanecer no es poco, la especialista sostuvo que la discusión no debe limitarse a cuántas personas son encarceladas, sino que también debe contemplar qué herramientas ofrece el Estado para evitar que los delitos se repitan y mejorar las condiciones de convivencia social.

La reforma penal juvenil y los límites del encierro

Al analizar la reforma de la ley penal juvenil, Balangione advirtió sobre la distancia entre los principios que establece la normativa y las respuestas que se priorizan en la práctica.

En este sentido, señaló un punto fundamental: la aplicación de medidas alternativas depende de cómo actúen los distintos actores del sistema judicial y sostuvo que las iniciativas existentes en Santa Fe necesitan mayor alcance para convertirse en una política pública efectiva.

Además, advirtió sobre la distancia entre lo que establece la legislación y su aplicación concreta. “Una cosa es la ley, lo que dice la ley, que es una manifestación, una voluntad del legislador, y otra cosa es cómo se pone en práctica eso”, señaló.

En continuidad, recordó que Santa Fe cuenta con centros de mediación judicial desde hace más de tres décadas y que, desde hace dos años, funciona un programa de justicia restaurativa juvenil impulsado desde el Poder Judicial. Sin embargo, consideró que estas iniciativas todavía resultan insuficientes frente a la dimensión del problema.

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“Esto tendría que ser una política de Estado realmente”, remarcó. Para Balangione, la implementación de la reforma penal juvenil requerirá que fiscales, jueces y defensores incorporen efectivamente estas herramientas, en lugar de que el encierro continúe siendo la respuesta predominante.

También cuestionó los discursos políticos que, a su entender, promueven una mirada exclusivamente punitiva. En ese sentido, volvió a referirse al modelo penitenciario que el gobierno provincial denomina “El Infierno” y planteó una contradicción entre la promoción de alternativas restaurativas y la centralidad que adquiere el castigo en otras políticas de seguridad.

Educación, trabajo y abordaje de las causas sociales

En cuanto a la prevención del delito, Balangione planteó la necesidad de implementar políticas públicas integrales que aborden las causas sociales de la delincuencia y garanticen el acceso a derechos básicos como la alimentación, la salud, la educación y el trabajo.

En ese sentido, advirtió que las desigualdades sociales también deben formar parte del análisis de la delincuencia juvenil. Señaló que las condiciones de vida en los barrios periféricos, las dificultades que atraviesan las escuelas y la falta de presencia estatal inciden en las oportunidades de desarrollo de muchos chicos.

“Cuando vos castigás y castigás y no enseñás, ese pibe sale peor”, afirmó al cuestionar las respuestas que se limitan al encierro sin ofrecer herramientas para la reinserción social.

En cuanto a las personas condenadas por delitos graves, Balangione aclaró que deben cumplir penas de prisión, pero subrayó que eso no exime al Estado de su responsabilidad durante el encarcelamiento.

“Hay que trabajar con el preso para generar toda la educación y la posibilidad de que conozcan nuevas cosas a través del trabajo. Educación y trabajo, eso es lo que tiene que haber en las cárceles”, sostuvo.

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Finalmente, insistió en que la discusión sobre seguridad debe incorporar una mirada de largo plazo, capaz de combinar la respuesta penal con políticas de prevención y reinserción. Para la abogada, el desafío consiste en superar una lógica centrada únicamente en el castigo y construir respuestas que permitan reducir la reincidencia y mejorar la convivencia social.

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