El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en materia laboral, mediante el cual se dispone el traspaso progresivo de la Justicia Nacional del Trabajo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al ámbito judicial local.
El convenio prevé la transferencia de la competencia material y funcional que actualmente ejercen los juzgados nacionales del trabajo y determinadas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en relación con los conflictos laborales que se tramitan en el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires. La nómina concreta de órganos judiciales alcanzados se encuentra detallada en el Anexo I del acuerdo y delimita de manera precisa el alcance del traspaso.
La transferencia definitiva dependerá de la aprobación del Congreso, la ratificación de la Legislatura porteña y de los actos administrativos correspondientes.
En este marco, Juan Manuel Puccineri -abogado laboralista y ex ministro de Trabajo de la provincia- diálogo con Amanecer no es Poco sobre los cambios que se avecinan en la justicia laboral y sus posibles impactos.
¿Qué implica la transferencia de la justicia laboral?
El acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires busca que los juzgados nacionales de trabajo pasen a depender de la órbita porteña.
En palabras de Puccineri, “se transfiere a la Ciudad de Buenos Aires lo que antes estaba bajo la Justicia Nacional del Trabajo”. Con esta medida, la Ciudad se equipara a las provincias, que ya cuentan con justicia laboral propia, y los conflictos del trabajo podrán resolverse localmente.
Sin embargo, el especialista sostuvo que la medida plantea desafíos legales y políticos. Por un lado, algunos jueces podrían cuestionar la transferencia: “No se puede degradar a un juez que tiene un acuerdo del Congreso Nacional para ser juez nacional, pasarlo a ser juez de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí va a haber discusión sobre garantías de independencia y del juez natural”, explicó Puccineri.
Por otro lado, la transferencia deja afuera las cuestiones de materia colectiva, como la negociación colectiva, los convenios y la personería gremial. “Se está resignando un juez especializado en cuestiones colectivas que involucran organismos nacionales, y se lo pasa a la justicia federal, que no es especialista en lo laboral”, señaló el abogado.
Impacto para convenios colectivos y provincias
Hasta ahora, los conflictos colectivos eran revisados por la Justicia Nacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Con la transferencia, la justicia federal de CABA y de cada provincia intervendrá solo en casos que involucren autoridades nacionales.
Según Puccineri, esto significa que “habrá intervención de la justicia federal cuando se planteen cuestiones colectivas que antes estaban bajo la Justicia Nacional del Trabajo”.
Además, recuerda que ya existen fallos de la Corte Suprema que instan al traspaso y otorgan competencia al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, “muchos jueces consideran que esto no estaba previsto legalmente”, lo que podría derivar en nuevos planteos judiciales.
Reforma laboral: dudas sobre su efectividad
La transferencia judicial coincide con el debate de la reforma laboral en el Senado que el oficialismo prentende aprobar hoy.
Puccineri señaló que, aunque el proyecto podría conseguir media sanción, “básicamente lo que hace es reducir derechos de quienes actualmente están trabajando con la idea de que eso va a facilitar que las empresas contraten más trabajadores”.
El especialista subrayó además que la informalidad laboral se concentra en trabajos de plataforma y microempresas, donde “no hay ninguna norma que tienda a formalizar esa situación”.
A esto suma un planteó histórico, que desarticula uno de los principales argumentos del oficialismo, y es que el empleo crece con la actividad económica, no con cambios legales, “no existe ninguna disposición que garantice que la reforma genere empleo formal. La ley no crea trabajo; lo que hace es modificar derechos y regulaciones” aseguró.
En síntesis, según Puccineri, tanto la transferencia judicial como la reforma laboral podrían generar debate judicial y político, mientras que sus efectos sobre la creación de empleo formal y la protección de derechos laborales parecen limitados.
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