Trabajo a destajo, pésimas condiciones habitacionales y atraso en el pago de los jornales: en esas condiciones fueron encontrados en Salta 66 trabajadores formoseños de la comunidad wichi en una serie de allanamientos. Habían sido llevados a las fincas dedicadas a la producción cítrica, especialmente de limones para exportación.

Pero la empresa que los "contrata", según explicó a Télam Germán Ferrari, el subdelegado de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) tiene sede en la provincia de Tucumán y hay un nombre detrás de todos los incumplimientos a las más básicas leyes laborales: el empresario citrícola Pablo Padilla.

El primero de mayo, para el día del trabajador, Ferrari ya lo había cruzado en una entrevista: "Sería muy bueno que comience a cumplir con lo estipulado en el convenio colectivo de trabajo, como por ejemplo, el jornal garantizado, entre otras obligaciones que no se están cumpliendo. La verdad es que hoy los trabajadores están en condiciones indignas, donde muchos empresarios no garantizan siquiera la higiene en la finca o baños y no cumplen con lo que ellos mismos firman”, manifestó.

"Padilla es responsable no sólo de este hecho que está en la justicia, su práctica habitual es la falta de pago y fue por esa denuncia de los trabajadores que saltó en qué condiciones estaban trabajando en Salta", dijo a Télam este hombre que desde hace años se enfrenta al poder de este empresario citrícola "que terciariza los servicios", afirmó este martes.

A partir de una investigación de la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta se pudo echar luz sobre este caso tras dos operativos relámpago y simultáneos.

Uno en una finca ubicada en la localidad de El Galpón, donde había 21 trabajadores pertenecientes a la comunidad Colonia Aborigen Estanislao del Campo, de Formosa.

El otro operativo fue en un edificio en construcción en la localidad de Metán, que habría sido usado como “hotel”;  allí unos 45 trabajadores  “vivían en condiciones deplorables, ya que el lugar no contaba con las condiciones mínimas e indispensables para su alojamiento, exponiéndolos a las inclemencias climáticas, a una extrema carencia alimenticia y de servicios básicos”, según informó la Policía de Salta.