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Imputaron formalmente a Marcelo Saín y otros ex funcionarios, por asociación ilícita de inteligencia ilegal

Al ex ministro de Seguridad y los demás imputados se les endilga obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales.
MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

El exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, y otros siete exfuncionarios fueron imputados hoy por haber conformado una asociación ilícita que, entre otros delitos, se dedicaba a la realización de actividades de inteligencia ilegal. La atribución delictiva fue llevada a cabo en la ciudad de Santa Fe por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.

De acuerdo con la atribución delictiva, al exministro investigado se le endilgó ser el jefe de la organización criminal. Por su parte, otras dos personas fueron imputadas como organizadoras: NS de 46 años, quien se desempeñaba como asistente técnica Nivel I del Ministerio de Seguridad con funciones en la Secretaría de Control; y DVC de 46 años, quien era jefa de Departamento de Inteligencia Criminal (Zona Sur) del Organismo de Investigaciones (OI).

Las otras cinco personas fueron imputadas como miembros de la organización.

Según planteó la Fiscalía en la imputación, la organización criminal funcionó de forma permanente, estable y organizada durante aproximadamente dos años, desde –al menos– el 30 de diciembre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2021. Tenía estructura piramidal, era encabezada por el exministro de Seguridad y por las dos organizadoras y contaba con dos tipos de estructuras simultáneas (una en el Ministerio de Seguridad de la provincia y otra en el OI).

“El objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”, informó el MPA y agregó que “por ese motivo, el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.

En relación a Saín, se le atribuyó haber coordinado la estructura que recopilaba ilegalmente información de personas físicas y jurídicas. En tal sentido, la Fiscalía puntualizó que “en uso de su jerarquía como ministro de Seguridad, utilizó partidas de gastos reservados, omitió deliberadamente controlar al personal a su cargo, contrató servicios, personas y dispuso de otros medios para que la organización ejecute las actividades de inteligencia prohibidas”.

En cuanto a las personas imputadas como organizadoras, la Fiscalía hizo hincapié en que la información ilegal de los perfilamientos era producida por personas que dependían de ellas. Una vez construidos los datos, las dos organizadoras los compartían entre ellas y, finalmente, se los remitían al jefe de la asociación ilícita.

Acerca de las cinco personas investigadas como miembros de la asociación ilícita, se les endilgó ejecutar las órdenes ilegales que recibían, a pesar de que sabían que eran contrarias a la ley.

“Obtenían, registraban, sistematizaban y analizaban la información conseguida ilegalmente, y luego la transmitían a las organizadoras y al jefe de la asociación ilícita. Simultáneamente, realizaban maniobras para evitar que el resto de los integrantes del Ministerio de Seguridad y del OI se enteraran de la inteligencia ilegal que realizaban”, se subrayó.

De acuerdo con lo explicado en la audiencia, los denominados “perfilamientos” consistían en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas que desarrollan en la provincia de Santa Fe.

Entre las víctimas hay legisladores; funcionarios políticos; autoridades judiciales; dirigentes gremiales; profesionales; periodistas y empresarios. Además, también recopilaban datos de familiares de todos ellos y de su entorno laboral.

La Fiscalía también afirmó que “la evidencia con la que contamos nos permite dar cuenta de que en reiteradas oportunidades, el exministro de Seguridad imputado dio expresas órdenes de someter a tortura o vejaciones a personas privadas de su libertad”. En tal sentido, se relató que “gran parte de esas indicaciones fueron formuladas a otros imputados e imputadas, quienes cumplieron lo indicado”.

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