Los hallazgos del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la OEA, que se reunió hasta en 29 ocasiones con distintos poderes del Estado y representantes privados y de la sociedad civil, revelan que Perú afronta una alta inestabilidad que dificulta gobernar y atender los asuntos más urgentes del país. Esta inestabilidad se basa, según la OEA, en la alta fragmentación de las fuerzas políticas, en los constantes cambios de formación de gabinetes, el cuestionamiento en el nombramiento de funcionarios, o incluso en los reiterados pedidos de la oposición por recortar el mandato del Ejecutivo y que se adelanten las elecciones.
Asimismo, las mociones de censura presentadas contra el presidente Pedro Castillo (tres hasta la fecha), las múltiples investigaciones judiciales iniciadas contra el jefe de Estado, y la ausencia del diálogo entre los principales actores públicos también agrava la crisis política. 

"La polarización se refleja en una lucha interna entre los poderes del Estado (...) lo cual puede afectar el normal funcionamiento institucional y generar mayor conflicto y división en la sociedad peruana".

La OEA concluye que la democracia de Perú "está en peligro" por la "fragmentación política" que enfrenta el país reza el comunicado difundido por el GAN. "En palabras de un actor entrevistado (cuya identidad ha sido ocultada), existe en la actualidad 'una guerra civil entre las instituciones públicas'", continúa la misiva.
En su análisis de la situación política del país, la OEA ha mostrado su preocupación por un uso excesivo de herramientas de control político, asegurando que existen acusaciones cruzadas en las que cada parte se acusa de violar la jurisdicción por llevar a cabo acciones fuera de su competencia. Entre estas medidas de control político, la organización interamericana ha destacado el uso "indiscriminado" de las mociones de censura, la prohibición del Congreso al presidente para que viaje  al exterior, así como las recurrentes denuncias constitucionales. 

Según ha explicado uno de los actores a la GAN, Perú está ante un proceso de "judicialización de la política y politización de la Justicia", desvirtuando así el rol y equilibrio de los poderes del Estado.
En este sentido, la OEA ha señalado que esta "confrontación permanente" genera pérdida de credibilidad por parte de la población, que ve a distintos poderes como actores que no velan por sus intereses. 

Racismo y rechazo al diálogo 

Entre otros asuntos, el Grupo de Alto Nivel ha subrayado, tal y como le han trasladado algunos interlocutores, que la elección de Pedro Castillo como presidente de Perú ha puesto de manifiesto que existen sectores que promueven el racismo.
Según diversos actores con los que se reunió la OEA, algunos poderes políticos del país no aceptan que una persona ajena a los círculos políticos tradicionales ocupe la silla tradicional, lo que se habría traducido en improperios e insultos hacia la imagen del jefe de Estado. 

"Algunos entrevistados sostienen que la discriminación alcanza también a los 55 pueblos originarios y 48 lenguas que comprometen el legado cultural del país, y las cuales merecen respeto y consideración", reza el 

comunicado de la OEA. Con todo, si bien los actores entrevistados han mostrado en general su predisposición al diálogo como "parte esencial del ejercicio democrático", no lo mantienen con otras contrapartes que consideran cuestionables. 

"En la práctica, ello se viene traduciendo en dificultades, no solo en la relación formal entre poderes del Estado, sino incluso en el recurso a instituciones informales tradicionales en el Perú (...) como el Consejo de Estado o el uso del Acuerdo Nacional, que no se han convocado", ha detallado el GAN. (Notiamérica)