El sistema de prestaciones para personas con discapacidad en Argentina enfrenta una crisis estructural que se refleja en la falta de acceso a tratamientos, medicamentos y terapias básicas.
En exclusivo por la Nueva Nueve, el diputado nacional de Unión por la Patria Buenos Aires y presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, denunció que “el sistema de discapacidad está totalmente colapsado”. En este sentido, agregó que actualmente “las personas no acceden a medicamentos, tratamientos ni terapias básicas, mientras circulan audios que hablan de manejos de grandes sumas de dinero”.
La situación se agravó con la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que revelan supuestas maniobras de desfinanciamiento, sumado a la implementación de requisitos que complejizaron el acceso de las y los beneficiarios a sus derechos. Según Arroyo, los audios muestran cómo se enviaba a las personas a recorrer largas distancias y enfrentar largas esperas, desalentando la continuidad de los trámites esenciales: “Le piden al que tiene ceguera de nacimiento que vuelva a hacer todos los estudios, es espantoso lo que está pasando” compartió como ejemplo para evidenciar la vulneración a la que están siendo expuestos.
Entre los problemas estructurales, Arroyo mencionó la falta de actualización del nomenclador de prestaciones, con aumentos mínimos en los últimos años, y bases de datos desactualizadas que provocaron la baja de pensiones para miles de beneficiarios. “De las 110.000 bajas de pensiones, 100.000 se debieron a domicilios incorrectos y el 40 % de los telegramas no llegó a destino. Esto refleja decisiones que no pueden llamarse simples errores: había un desorden que, a mi juicio, era deliberado”, aseguró.
Ley de Emergencia en Discapacidad
La iniciativa, de autoría de Arroyo y vetada por el presidente Milei, busca reordenar el sistema, actualizar el nomenclador, garantizar el acceso a servicios esenciales y realizar auditorías correctas.
“La ley resuelve todos los problemas: por un lado permite que las personas accedan a servicios básicos, medicamentos y trabajo; y por otro lado manda a hacer una auditoría correcta, focalizada y eficiente, sin volver loco a todo el mundo”, explicó.
Arroyo confía en que la Cámara alta rechazará el veto y permitirá la implementación de la norma. “Ya conseguimos los dos tercios de los votos en Diputados, el Senado hará lo mismo. Lo que tendría que hacer el gobierno es actuar con racionalidad y poner en marcha la ley”, afirmó.
En esta línea, advirtió que la crisis del área de discapacidad no se reduce a un problema administrativo, sino que refleja la implementación de políticas que afectan directamente la vida cotidiana de miles de personas y sus familias. “El nivel de dolor, angustia y desesperación de las familias es muy grande. Esto no es más o menos; está totalmente colapsado el sistema”, concluyó.
Autor
