La diputada provincial Gisel Mahmud participó este martes del plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se inició el debate sobre el aumento del endeudamiento y la morosidad de las familias argentinas.
La legisladora santafesina expuso la experiencia de Santa Fe y presentó iniciativas orientadas a brindar herramientas para las personas afectadas por el sobreendeudamiento, en línea con proyectos que impulsa en la Legislatura provincial.
El encuentro contó con la participación de los diputados nacionales santafesinos Pablo Farías y Esteban Paulón y reunió a representantes de organismos e instituciones como la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), entre otros espacios especializados.
Mahmud propuso medidas para enfrentar el sobreendeudamiento
Durante su exposición, Mahmud sostuvo que el sobreendeudamiento dejó de ser una problemática individual para convertirse en una cuestión social, económica y jurídica de alcance nacional.
En ese marco, recordó que impulsa en la Legislatura santafesina un Código de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias, que incorpora un capítulo específico sobre tutela frente al sobreendeudamiento y propone un sistema extrajudicial de saneamiento de deudas.
La iniciativa apunta a que las familias puedan renegociar de manera conjunta sus compromisos financieros, con asesoramiento especializado, para evitar la acumulación de intereses y facilitar planes de pago razonables.
La diputada afirmó que distintos estudios y exposiciones realizadas en el Congreso muestran que el aumento del endeudamiento está vinculado a factores como la pérdida de poder adquisitivo, los bajos salarios, la utilización del crédito para afrontar gastos cotidianos y las condiciones del mercado financiero.
Los datos sobre endeudamiento en Santa Fe
Mahmud presentó cifras que reflejan la magnitud del fenómeno en la provincia. Según un estudio realizado en agosto de 2026, el 52% de las personas consultadas manifestó tener deudas; más del 30% indicó que se endeudó para afrontar gastos corrientes y llegar a fin de mes, mientras que otro 20% tomó créditos para cancelar deudas previas.
Además, citó un informe de la Fundación Demos que señala que la morosidad bancaria pasó del 2,5% al 11,5% en un período de 15 meses. En el caso de proveedores no financieros, como fintech, billeteras virtuales, tarjetas de supermercados y mutuales, la morosidad alcanzó el 32,2%.
La legisladora también destacó que entre enero y julio de este año se registraron 7.465 denuncias en oficinas de Defensa del Consumidor de Santa Fe, y una de cada cuatro estuvo relacionada con servicios financieros.
La propuesta santafesina para la renegociación de deudas
El proyecto impulsado por Mahmud tiene como respaldo la reforma de la Constitución de Santa Fe de 2025, que incorporó mecanismos de protección frente a prácticas abusivas y situaciones de sobreendeudamiento.
Entre los puntos centrales, se establece el principio de “Préstamo Responsable”, que plantea que bancos y entidades financieras evalúen la capacidad real de pago de quienes solicitan financiamiento y brinden información adecuada antes de otorgar créditos.
Además, propone la creación de un Servicio Extrajudicial de Saneamiento de Deudas, un procedimiento gratuito destinado a analizar la situación económica integral de las personas y convocar a los acreedores para renegociar condiciones, reducir intereses y establecer planes de pago sostenibles.
El debate sobre el sobreendeudamiento llegó al Congreso
Ante los integrantes de ambas comisiones, Mahmud señaló que el fenómeno requiere respuestas coordinadas entre municipios, provincias y el Estado nacional.
También destacó la implementación en Santa Fe del Plan de Protección de Ingresos, que permite refinanciar deudas y establece un límite del 25% de los haberes para descuentos. Según indicó, más de 18.500 santafesinos adhirieron al programa en apenas cuatro meses.
Finalmente, la diputada sostuvo que el desafío es generar reglas y herramientas que permitan que el crédito vuelva a ser un instrumento para el desarrollo y no una fuente de vulnerabilidad económica para las familias.
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