En el marco de la inauguración de una base de relevo para el Comando Radioeléctrico en la ciudad de Santa Fe, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, reavivó el debate sobre la delincuencia juvenil. El funcionario instó a las autoridades nacionales a discutir un nuevo esquema de responsabilidad penal para menores, argumentando que el sistema actual deja al Estado sin herramientas ante hechos de violencia extrema.
“Nosotros creemos que hay que discutir el marco jurídico de la responsabilidad penal juvenil. Y esto no es ir a la fácil de decir que se soluciona solo con bajar la edad, pero ante hechos de violencia desmedida no puede no haber una instancia de asignación de consecuencias”, sostuvo el ministro
El límite entre la “travesura” y el crimen
Cococcioni marcó una diferencia tajante entre las faltas menores y los delitos de sangre. “Uno puede entender que un menor tiene menor maduración y puede haber hechos que uno califique de travesuras. Ahora, cuando se supera un umbral de violencia, nadie puede decir que un menor no comprendía la criminalidad de lo que estaba haciendo”, afirmó Pablo Cococcioni.
En ese sentido, el titular de la cartera de Seguridad puso como ejemplo la conciencia sobre el valor de la vida: “Nadie puede salir a la calle a los 14 años y pensar que tranquilamente puede matar a otra persona o causarle una lesión grave. Eso transgrede no solo la norma legal, sino patrones culturales y éticos que nadie puede desconocer”.
Uno de los puntos más polémicos del discurso de Cococcioni fue la admisión de la impotencia estatal ante la legislación vigente. Explicó que, al tratarse de menores no punibles, la intervención de la provincia se ve reducida a una “nota asistencial” a través de políticas de niñez, sin posibilidad de aplicar sanciones penales.
“Las herramientas desde el Estado están fuertemente condicionadas. No se pueden asignar consecuencias como una privación de libertad o una institucionalización más fuerte, que es lo que a nuestro criterio debería poderse trabajar”, explicó. Finalmente, el ministro concluyó que, aunque estos cambios no solucionarán casos del pasado, es una discusión que la Argentina debe dar de manera urgente para adoptar “medidas efectivas”.
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