La Justicia condenó a Leonardo Ramón Rivero Ortiz, de 54 años, por su participación en el copamiento de Bernardo de Irigoyen, una localidad del departamento San Jerónimo que sufrió una serie de asaltos coordinados el 4 de marzo de 2016. El tribunal le impuso nueve años de prisión efectiva como jefe de una asociación ilícita y coautor de cinco robos calificados.
Los jueces Celeste Minniti, Héctor Aiello y Pablo Ruiz Staiger tomaron la decisión por unanimidad. Sin embargo, modificaron uno de los agravantes planteados por la acusación: consideraron que no se pudo acreditar que las armas utilizadas tuvieran aptitud para disparar.
Esa decisión redujo la escala penal respecto de la solicitada por los fiscales Omar De Pedro y Lucila Nuzzo, quienes habían pedido una condena de 17 años de prisión. Tras conocer el veredicto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) adelantó que apelará la sentencia.
Cómo fue el copamiento de Bernardo de Irigoyen
El ataque ocurrió alrededor de las 9 de la mañana del 4 de marzo de 2016. Según la reconstrucción de la fiscalía, seis hombres armados llegaron al pueblo en un Peugeot 207 gris con vidrios polarizados y ejecutaron cinco robos consecutivos en distintas instituciones del centro.
El primer objetivo fue la Comisaría 9ª. Allí, los delincuentes amenazaron a una oficial, redujeron al comisario y a dos vecinos, y robaron armas reglamentarias, equipos de comunicación, teléfonos celulares y un chaleco antibalas. Antes de retirarse, encerraron a las víctimas en un calabozo.
Luego ingresaron al despacho del juez comunal y lo redujeron bajo amenazas. La banda continuó su recorrido en un local de Santa Fe Servicios, donde tomó como rehén al cajero para ingresar a la sede de la Comuna.
En ese edificio, los asaltantes agredieron al presidente comunal y sustrajeron dinero en efectivo, cheques y teléfonos celulares. También amenazaron a las personas que estaban en el lugar.
El último golpe tuvo como escenario la oficina del Correo Argentino. Allí, los delincuentes golpearon al encargado y se llevaron el dinero destinado al pago de jubilaciones.
Un delincuente murió durante la huida
Después de los asaltos, la banda escapó por la Ruta Nacional 11. Cerca de Coronda, uno de sus integrantes, identificado como Carlos Entivero, se enfrentó a tiros con la Policía y murió durante el intercambio de disparos.
Los otros integrantes mencionados en la causa fueron Héctor Budiño, conocido como “El Viejo”; Omar Fernández, alias “El Gringo”; Miguel Ángel Medrano y Cristian Ojeda. Según la información presentada durante el juicio, todos ellos ya habían recibido condenas mediante procedimientos abreviados.
Para sostener que Rivero había organizado y dirigido el raid, la fiscalía presentó pruebas técnicas vinculadas con el impacto de antenas de telefonía celular y escuchas telefónicas interceptadas.
Por qué la fiscalía cuestiona la condena
Durante el juicio oral, la defensa pública, a cargo de la abogada Virginia Balanda, cuestionó las pruebas reunidas por la acusación. Sostuvo que no existían evidencias directas que ubicaran a Rivero en las escenas de los robos y señaló la ausencia de testigos presenciales o ruedas de reconocimiento formales.
Además, la defensora planteó que la investigación, iniciada en 2016, había excedido un plazo razonable. También cuestionó la relación entre la imputación inicial y los argumentos presentados al cierre del debate.
Por esos motivos, solicitó la absolución de su defendido o, de manera alternativa, la aplicación de la pena mínima prevista por la ley.
El tribunal rechazó por unanimidad los planteos de nulidad y absolución. Los magistrados consideraron acreditadas la existencia de la asociación ilícita y la participación de Rivero en los cinco robos, aunque descartaron el agravante relacionado con la aptitud de las armas de fuego.
Cuándo se conocerán los fundamentos del fallo
Los jueces darán a conocer los fundamentos de la sentencia dentro del plazo previsto por la ley procesal. Mientras tanto, la fiscalía confirmó que recurrirá la decisión porque considera insuficiente la pena impuesta frente a los 17 años de prisión que había solicitado.
Rivero siguió la lectura del veredicto por videoconferencia desde una cárcel de la provincia de Buenos Aires, donde permanece detenido por otra causa judicial.
La apelación abrirá una nueva instancia de revisión sobre la condena y la pena establecida por el tribunal.
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