El Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, a cargo del Dr. Marcelo Germán Gelcich, dictó el pasado 27 de marzo las sentencias de verificación de créditos del concurso preventivo de SanCor CUL. Tras analizar 1.519 pedidos de verificación, el tribunal reconoció deudas de acreedores comerciales, financieros —incluyendo dos fondos internacionales de inversión—, organismos fiscales de todo el país, trabajadores y profesionales.
El pasivo verificado asciende a varios miles de millones de pesos y decenas de millones de dólares. En paralelo, el juez prorrogó la coadministración judicial y habilitó una cuenta bancaria inembargable para proteger el giro operativo de la empresa
La verificación de créditos es cuando una empresa ingresa al concurso preventivo, todos sus acreedores deben presentarse ante el tribunal para demostrar que efectivamente se les debe dinero y cuánto. El juez, con el apoyo de la sindicatura —formada por tres profesionales con sus asesores—, analiza cada caso y decide si el crédito es válido, por qué monto y con qué prioridad de cobro.
En cuanto a los acreedores financieros, este grupo incluye entidades bancarias, fideicomisos y fondos de inversión. Dos casos merecen atención especial para el Juzgado:
Fondo holandés BAF LATAM Trade Finance Fund B.V.: reclamaba aproximadamente USD 48 millones más intereses. Había constituido garantías sobre marcas de SanCor (Mendicrim, Santa Brígida) y un inmueble (la planta industrial de Sunchales), pero el tribunal entendió que al presentarse a verificar como acreedor corriente renunció automáticamente a ejecutar esas garantías por la vía extrajudicial. El crédito fue reconocido por USD 51.859.126,90 sin garantía sobre las marcas ni sobre el inmueble.
Fondo IIG Structured Trade Finance Fund Ltd. (en liquidación oficial, Islas Caimán): reclamaba aproximadamente USD 34,5 millones más intereses. Tenía garantías reales: prendas sobre marcas “Quesabores”, “San Regim”, “Tholem”, “Las tres niñas”, “SanCor por salut”, “Sancor Reggianito tradicional“, e hipotecarias, pero estas fueron declaradas inoponibles a los demás acreedores porque las sucesivas cesiones del crédito no fueron inscriptas a nombre del nuevo titular. El crédito fue reconocido como ordinario por USD 34.476.796 más gastos e intereses a calcular.
El fideicomiso estatal FONDEP, por su parte, fue reconocido con privilegio especial por más de $2.279 millones, respaldado por una prenda inscripta sobre la marca SanCor.
Organismos fiscales
Agencias tributarias de doce provincias, municipios, comunas y el fisco nacional (ARCA, ex AFIP) verificaron sus créditos. El crédito más voluminoso es el de ARCA, reconocido por más de $23.607 millones en concepto de capital de impuestos nacionales, aportes y contribuciones de la seguridad social, más más de $25.235 millones en intereses y honorarios.
En tanto, el tribunal rechazó las multas de $33,5 millones porque los actos administrativos que las impusieron fueron dictados después de la apertura del concurso. Un criterio aplicado con uniformidad fue la morigeración (reducción) de los intereses fiscales: cuando las tasas legales resultaban excesivas, el juez las redujo a la tasa activa del Banco Nación, con el argumento de que el propio Estado no puede aplicar tasas abusivas.
Situación de los trabajadores
De los 1.063 acreedores laborales que se presentaron, 1.044 ya habían obtenido el reconocimiento de sus créditos mediante el instituto del pronto pago —un mecanismo que permite a los trabajadores cobrar sus acreencias con prioridad durante el concurso, antes del acuerdo final—, por lo que sus insinuaciones en la sentencia del art. 36 resultaron inadmisibles para evitar una doble incorporación al pasivo. Sus créditos ya integran el pasivo concursal por esa vía. Otros 16 trabajadores obtuvieron el reconocimiento de sus créditos directamente en esta sentencia, por montos que van desde poco más de un millón hasta más de $192 millones en el caso más elevado
La empresa bajo intervención judicial reforzada
Simultáneamente a las sentencias de verificación, el tribunal dictó dos resoluciones que ilustran el estado crítico de la empres. Una de ellas es la prórroga de la coadministración. En este sentido, la CPN Lucila Prono —designada coadministradora judicial en diciembre de 2025— continuará en funciones hasta el 30 de junio de 2026. Entre los problemas detectados: deuda postconcursal de más de $6.349 millones al 31 de enero de 2026, que crece a razón de aproximadamente $3.000 millones por mes; retenciones impositivas y previsionales practicadas pero no depositadas; y —como nueva causal— el balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025 todavía no confeccionado, con la asamblea ordinaria sin convocar pese a que el plazo legal venció en septiembre de 2025. El Consejo de Administración fue intimado a presentar el balance y convocar asamblea en 30 días, bajo apercibimiento de ser separado y reemplazado por un administrador judicial.
Además, se establecio una cuenta bancaria inembargable. El fideicomiso que hasta entonces canalizaba los fondos operativos de SanCor —con un costo mensual superior a $30 millones— vencía el 20 de marzo. El juez autorizó la apertura de una cuenta corriente especial en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., protegida de embargos individuales. Quien quiera trabar una cautelar sobre esa cuenta deberá pedirlo al propio juez del concurso, que evaluará su compatibilidad con el proceso. La medida se encuadra en la doctrina que admite este tipo de protección solo en contextos de agravamiento extraordinario de la crisis empresaria: de otro modo, una cautelar individual podría precipitar la quiebra no por efecto de la crisis sino como consecuencia de la medida procesal
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