Durante una cena exclusiva realizada en el Yacht Club de Puerto Madero este jueves 26 de junio, el presidente Javier Milei volvió a traspasar los límites del debate político con un discurso cargado de insultos y agravios.
Calificó a sus opositores como “kukas inmundos”, “parásitos mentales” y “orcos infumables”, al tiempo que se jactó de ejercer “crueldad” contra quienes considera responsables del gasto estatal.
Estos dichos no pasaron desapercibidos. La abogada Valeria Carreras presentó una denuncia penal contra el jefe de Estado por incitación a la violencia y al odio, argumentando que sus expresiones no solo degradan a sectores sociales y políticos enteros, sino que podrían alentar represalias o discriminación hacia empleados públicos y opositores.
“El presidente no puede utilizar el odio como herramienta de gestión”, advirtió Carreras en su presentación judicial. La denuncia también recibió el respaldo de legisladores de Unión por la Patria, que sostienen que Milei considera a sus adversarios políticos como enemigos a destruir.
No es la primera vez que el presidente protagoniza exabruptos en contextos públicos o semiprivados. Pero esta vez, desde sectores del derecho advierten que su rol institucional le impone una responsabilidad mayor. Estas declaraciones no son solo hirientes: son peligrosas.
La justicia deberá determinar ahora si las palabras del mandatario vulneraron los límites de la libertad de expresión y constituyen un delito, como lo establece el Código Penal argentino ante la incitación al odio o la violencia por razones ideológicas.
Mientras tanto, crece el debate sobre el tono confrontativo de la comunicación presidencial. ¿Es Milei un líder sin filtros o un jefe de Estado que convirtió la violencia discursiva en política de Estado?
Autor
