La disputa por la Ley de Tierras Rurales sumó nuevos capítulos luego del fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la sentencia que mantenía vigente la norma. Frente a ese escenario, sectores de la oposición avanzan por dos vías: una judicial y otra parlamentaria.
Por un lado, los diputados Miguel Pichetto y Nicolás Massot solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta que el Congreso se pronuncie. Al mismo tiempo, distintas bancadas intentan reunir los votos necesarios para abrir una sesión especial en la Cámara baja.
El pedido judicial contra el DNU 70/2023
La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira.
El objetivo de los legisladores es frenar temporalmente los efectos de la derogación de la Ley 26.737. Consideran que, mientras el Congreso analiza el tema, podrían concretarse operaciones que luego queden consolidadas como derechos adquiridos.
La presentación sostiene que, tras la decisión de la Corte Suprema, dejaron de aplicarse los límites que establecía la legislación para la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
Entre otras restricciones, la normativa establecía topes según la nacionalidad de los propietarios, la superficie adquirida y la cantidad de tierras extranjerizadas en cada jurisdicción. También incluía restricciones para inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de determinados cuerpos de agua permanentes.
Cómo comenzó el conflicto por la Ley de Tierras
El origen del conflicto judicial se encuentra en una demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
En marzo de 2024, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata había reconocido la legitimación de la organización, aceptado el amparo colectivo y declarado inconstitucional la disposición del DNU 70/2023 que había derogado la Ley de Tierras Rurales.
De esta manera, la normativa continuó aplicándose mientras avanzaba la causa.
Sin embargo, el 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó esa sentencia y rechazó la demanda por considerar que el CECIM no tenía legitimación para iniciar ese proceso.
El máximo tribunal aclaró que su decisión no implicaba un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU ni sobre las facultades que tiene el Congreso para intervenir en la cuestión.
La oposición necesita 129 diputados para abrir la sesión
La estrategia judicial se desarrolla en paralelo con el intento de la oposición de avanzar en Diputados.
Los bloques opositores solicitaron una sesión especial para el 15 de octubre, en la que buscarán tratar la derogación del DNU 70/2023. La convocatoria también contempla otros temas, entre ellos la emergencia en discapacidad y el desendeudamiento de las familias.
El principal obstáculo será conseguir el quórum. Para iniciar una sesión se necesitan 129 diputados, mientras que los bloques que impulsan la convocatoria calculan que actualmente cuentan con alrededor de 122.
Por eso, la oposición deberá conseguir nuevas adhesiones en los próximos días.
Las dudas dentro de Provincias Unidas
Uno de los sectores que podría resultar determinante es Provincias Unidas. Aunque algunos de sus integrantes acompañan la convocatoria, todavía no existe una definición sobre la postura que adoptará todo el interbloque.
Entre los diputados que aparecen con una posición más cercana al pedido opositor se encuentran los radicales críticos, Lourdes Arrieta, Esteban Paulón y Juan Brügge. Otros legisladores todavía analizan si participarán de la sesión.
También están bajo la lupa los integrantes de Argentina Federal, espacio que reúne principalmente a legisladores vinculados con los gobiernos de Misiones y Salta, además del MID.
En el caso de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa y Yamila Ruiz manifestaron su disposición a dar quórum. Su postura también está vinculada con los otros proyectos incluidos en la convocatoria.
Los diputados salteños Bernardo Biella, Yolanda Vega y Pablo Outes, en cambio, mantienen una posición más cautelosa y esperan definiciones del gobernador Gustavo Sáenz.
Un nuevo proyecto para evitar la extranjerización
La discusión también llegó a otros sectores de la oposición. El diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi prepara un proyecto destinado a establecer nuevas restricciones para la adquisición de tierras por extranjeros.
La iniciativa apunta a recuperar mecanismos de protección sobre el territorio nacional y evitar que la derogación de la Ley de Tierras permita operaciones sin los límites que estaban vigentes desde 2011.
Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, convocó a una movilización frente al Congreso para el 15 de octubre y reclamó que los legisladores concurran a la sesión especial.
El Senado también busca derogar el artículo 154
La ofensiva parlamentaria no se limita a Diputados. Los senadores justicialistas José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino presentaron un proyecto para eliminar el artículo 154 del DNU 70/2023.
Si la iniciativa avanzara, se restablecería el régimen establecido por la Ley 26.737, que creó el sistema de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales.
La estrategia busca aprovechar una diferencia importante: aunque el Congreso debe pronunciarse sobre los DNU bajo el procedimiento establecido por la Ley 26.122, también puede impulsar una ley independiente para modificar o derogar determinadas disposiciones.
Qué establecía la Ley de Tierras Rurales
La Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Uno de los principales límites fijaba que la superficie rural en manos extranjeras no podía superar el 15% del territorio nacional. Ese porcentaje también debía respetarse dentro de cada provincia y municipio.
Además, la normativa establecía un límite individual para los compradores extranjeros. En la denominada zona núcleo, una misma persona o empresa no podía superar las 1.000 hectáreas, mientras que en otras regiones el límite se determinaba de acuerdo con las características productivas y geográficas de cada zona.
La discusión ahora quedó nuevamente en manos del Congreso, mientras la oposición intenta conseguir los votos necesarios para avanzar y, en paralelo, busca que la Justicia suspenda los efectos de la derogación.
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