Hace una semana escribía sobre la espera interminable de cientos de familias que durante años confiaron sus ahorros a un proyecto de vida.
No hablaba de una ciudad en particular.
Hablaba de Santa Fe y de Rosario.
Hablaba de familias separadas por apenas 170 kilómetros, pero unidas por la misma incertidumbre.
Porque el conflicto de los damnificados de Bauen Pilay no reconoce fronteras. Está presente en la capital provincial, en Rosario y en otras localidades donde hay personas que sostienen haber cumplido durante años con sus aportes sin recibir aún la vivienda que imaginaron cuando firmaron un contrato.
Una espera que ya se mide en décadas
Cada historia tiene sus particularidades.
Pero todas comparten un mismo denominador: el paso del tiempo.
Y cuando el tiempo se mide en décadas, la demora deja de ser un simple retraso.
Se convierte en una forma de frustración.
En estos meses comenzaron a hacerse visibles historias de matrimonios que iniciaron un plan siendo recién casados y hoy están jubilados.
Padres que pensaban criar a sus hijos en ese departamento y hoy ven cómo esos hijos ya son adultos.
Personas que organizaron toda su economía alrededor de una promesa que nunca terminó de concretarse.
No son solamente cuotas.
Son años de vida.
Rosario decidió intervenir
Por primera vez comenzaron a observarse respuestas institucionales diferentes entre las dos principales ciudades de la provincia.
Rosario decidió actuar.
El Concejo Municipal aprobó la creación de un Registro de Damnificados que permitirá relevar cuántas personas están afectadas, conocer el estado de los contratos y construir un diagnóstico oficial de un conflicto que durante demasiado tiempo permaneció disperso.
La medida no resuelve el problema de fondo.
Pero reconoce algo esencial: existe un conflicto que merece ser cuantificado y atendido.
Mientras tanto, en Santa Fe, donde también existen numerosos reclamos y familias organizadas, todavía no apareció una iniciativa institucional de características similares.
La pregunta que sigue abierta
Y allí surge una pregunta inevitable.
¿Por qué dos ciudades que conviven con un conflicto semejante tienen respuestas políticas tan distintas?
No se trata de establecer responsabilidades judiciales.
Esa tarea corresponde a los tribunales.
Tampoco se trata de condenar anticipadamente a una empresa, que ha sostenido públicamente que las demoras responden a las sucesivas crisis económicas, al incremento de los costos de construcción y a las dificultades que atravesó el sector durante los últimos años.
Pero una cosa es la discusión jurídica.
Y otra muy distinta es la responsabilidad política de escuchar a los vecinos.
Porque cuando cientos de familias describen situaciones similares, aparecen reclamos colectivos y las movilizaciones dejan de ser hechos aislados, el Estado no puede limitarse a mirar desde afuera.
El valor de reconocer el problema
Rosario entendió que el primer paso era contar.
Contar cuántos son.
Contar cuánto tiempo llevan esperando.
Contar cuántos contratos permanecen sin resolución.
Porque sin información tampoco puede existir una política pública.
Santa Fe todavía tiene esa cuenta pendiente.
No porque un registro vaya a solucionar automáticamente el conflicto.
Sino porque significa algo mucho más profundo.
Significa reconocer.
Durante años, muchos damnificados sintieron que su historia era un problema individual. Que debían resignarse, esperar un poco más o iniciar un camino judicial largo y costoso.
Sin embargo, cuando cientos de personas relatan experiencias similares, el conflicto deja de ser exclusivamente individual.
Empieza a convertirse en un fenómeno social.
Y los fenómenos sociales requieren respuestas institucionales.
Santa Fe aún tiene pendiente ese primer paso
Quizá esa sea la principal enseñanza que deja Rosario.
No la solución.
El reconocimiento.
La decisión de decir: “queremos saber cuántos vecinos atraviesan esta situación”.
Esa decisión todavía falta en la capital provincial.
Santa Fe no debería esperar a que el conflicto siga creciendo para comenzar a dimensionarlo.
No debería aguardar a que las historias se multipliquen para escucharlas.
No debería dejar que otros marquen el camino.
Las familias santafesinas merecen el mismo nivel de atención institucional que hoy empiezan a recibir las rosarinas.
Porque la angustia no cambia según el código postal.
La incertidumbre pesa igual en un departamento de barrio Candioti que en uno de Echesortu.
La frustración es la misma para quien vive frente al río Paraná que para quien cruza todos los días el Puente Colgante.
Y los proyectos de vida tienen exactamente el mismo valor en cualquier ciudad.
Hace una semana hablábamos de una espera infinita.
Hoy esa espera continúa.
Pero también aparece una diferencia que interpela a la dirigencia política.
Rosario decidió empezar por reconocer el problema.
Santa Fe todavía tiene pendiente ese primer paso.
Quizá haya llegado el momento de darlo.
Porque las familias no necesitan únicamente respuestas judiciales.
También necesitan saber que sus representantes las están escuchando.
Y a veces, escuchar también es una forma de empezar a reparar.
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