El Gobierno de la provincia de Santa Fe encabezó este lunes una conferencia de prensa para abordar la preocupación creciente por las amenazas virales que circulan a través de la plataforma TikTok, las cuales han alterado el normal funcionamiento de diversos establecimientos escolares en los últimos días. La vocera del Gobierno, Virginia Coudannes, junto a los ministros José Goity (Educación) y Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad), brindaron detalles sobre el monitoreo y las pautas de acción frente a estos fenómenos.
“Este tipo de amenazas virales no son una broma. Implican un delito tipificado en el Código Penal de la Nación y traen consecuencias, no solo para los estudiantes involucrados, sean punibles o no, sino también para sus propias familias”, enfatizó el ministro de Educación, José Goity.
Responsabilidad colectiva y “alianza” con las familias
Goity subrayó que, si bien se trata de un fenómeno global, la solución requiere de un compromiso social profundo. “Como Estado asumimos nuestra responsabilidad, pero si no consolidamos la alianza entre escuela, familia y sociedad, no vamos a mejorar esta situación. Hacemos un llamamiento a las familias para que se involucren en el acompañamiento y seguimiento de los chicos”, señaló el funcionario.
Desde el Ministerio de Educación se envió una notificación a las nueve regionales y a todas las escuelas con pautas claras sobre cómo abordar el problema. “Lo virtual es real. Las consecuencias de lo que pasa en las redes sociales impactan en el mundo real, generan angustia en la comunidad y alteran la vida cotidiana de toda la sociedad”, agregó.
Nuevos protocolos y educación digital
El Gobierno provincial reforzará la normativa vigente con una nueva circular que establecerá criterios de acción específicos para estos “nuevos fenómenos” digitales, que se suman a los protocolos ya existentes para casos de violencia o presencia de armas.
Además, se destacó la puesta en marcha de un programa de Alfabetización Digital para trabajar el manejo ético y responsable de los dispositivos. “Las redes son grandes oportunidades para el conocimiento, pero también representan peligros. No es solo un problema de redes sociales, es un problema social que nos atraviesa y no lo vamos a resolver si cada uno no asume su parte”, concluyó Goity.
Consecuencias legales y penales: “Esto deja huellas”
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, advirtió sobre la gravedad de las causas penales juveniles, que pueden derivar en allanamientos y secuestro de dispositivos. “Una causa penal deja huellas que no son agradables. Lo que se plantea como una broma hoy, puede impedir mañana obtener un certificado de buena conducta o viajar al exterior. En casos extremos, puede haber institucionalización de los menores”, señaló.
Cococcioni reveló que solo el último viernes se atendieron 65 incidencias de amenazas en escuelas de toda la provincia. “Vemos una actitud de arrepentimiento en niños y padres después de que sus casas son allanadas, pero sería bueno que esa reflexión fuera colectiva para evitar llegar a esa instancia”, agregó.
Resarcimiento económico: 6 millones de pesos por operativo
El ministro fue categórico al referirse al costo que estas “bromas” representan para el Estado. “Un operativo básico ante una amenaza cuesta entre 5 y 6 millones de pesos, sumando combustible, personal y el despliegue de brigadas de explosivos. No podemos permitir que esto lo paguen todos los santafesinos con sus impuestos”, sentenció.
Ante esta situación, el funcionario anunció que ha instruido a las áreas legales para que inicien acciones de resarcimiento de daños contra los responsables identificados. “Vamos a perseguir el cobro a cada uno de los responsables. Esos recursos policiales que hoy se destinan a estas falsas alarmas deberían estar patrullando la ciudad”, explicó Cococcioni.
Finalmente, las autoridades apelaron fuertemente a la responsabilidad social y familiar para frenar esta tendencia, recordando que el sistema de seguridad está en alerta máxima pero que la prevención primaria comienza en el hogar y en la supervisión del uso de las redes sociales.
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