El 21 de septiembre de 2020, el gobernador Omar Perotti firmó la habilitación para que los casinos que operan en la provincia pudieran explotar el juego on line ante la “inusual proliferación” de la variante ilegal del negocio. En ese momento, la oposición alzó la voz con fuertes críticas a esa decisión e incluso los diputados radicales Maximiliano Pullaro y Fabián Bastía presentaron una denuncia penal. Casi un año después, aquella determinación adquiere otro cariz ante la investigación judicial que conmueve al sistema político santafesino.

El sábado pasado, el ex legislador justicialista Darío Scataglini fue imputado por presunto tráfico de influencias en favor del capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti. Según la acusación, el dirigente actuó como lobbysta ante la Lotería de Santa Fe para que la empresa Wildar Gaming, del pantanoso empresario, se quede con la explotación de máquinas para apuestas on line.

De acuerdo a la visión de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, Scataglini actuó como delegado del senador Armando Traferri, a quien se acusa de ser el jefe de una organización criminal dedicada a financiar actividades políticas con dinero negro proveniente del juego clandestino. Conviene recordar que, en el marco de esta causa, ya fueron puestos tras las rejas los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad.

Hay alguien más en este capítulo de la trama cuyo nombre no causó similar revuelo mediático que el resto: el ex secretario Legal y Técnico de la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, José Fernández Chemes. Este funcionario formaba parte del estudio que le llevaba los números al capo del juego clandestino.

“Es evidencia fundamental y parte del teléfono de José Fernández Chemes y de un par de cruces de antenas que nos permitieron ver de qué manera se gestó este negocio. Se trató de una reunión en la oficina de Armando Traferri de la que participaron Leonardo Peiti, Chemes, el senador Traferri y el mismo Scataglini, a partir de la cual se empezó a buscar de qué manera se le iba a habilitar el juego ilegal a Peiti. Después, en el teléfono de Fernández Chemes, que se secuestró en un allanamiento, está esta negociación ilegal que se hizo, tratando de usar las influencias que tenían Scataglini y Traferri como funcionarios públicos para que se le habilite el juego ilegal a Peiti”, explicó Schiappa Pietra.

En ese allanamiento que menciona el fiscal, que se concretó a fines del año pasado en la casa y el estudio de Fernández Chemes, se encontró una caja llena de lingotes de oro. No es difícil imaginar qué hubiera pasado en términos de opinión pública si el protagonista hubiera sido funcionario de un gobierno kirchnerista.

Pero no lo fue. Además de ser el responsable de la firma del intendente de Villa Gobernador Gálvez, el socialista Alberto Ricci, Fernández Chemes fue asesor de los ministerios de Educación y Desarrollo Social de la provincia durante los gobiernos de Hermes Binner y Antonio Bonfatti.

La transversalidad es un sueño eterno.