La Justicia Federal de Santa Fe procesó a 18 exdirectivos del Bolsafé Valores por la omisión de controles que derivó en una estafa a más de 400 ahorristas en el 2012, con un perjuicio económico que se calcula en más de 250 millones de pesos. Los acusados seguirán el proceso en libertad, ya que nos se le fijó la prisión preventiva. 

La investigación la lleva adelante la Fiscalía Federal N° 2 de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez, en colaboración con el Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y el juez a cargo de los procesamientos fue Marcelo Bailaque, quien determinó que si los imputados hubieran recurrido a los mecanismos de control previstos habrían evitado que el dueño de Bolsafé, Mario Rossini, produjera las estafas masivas. 

O como explicó el abogado patrocinante de los daminficados, Enrique Müller: "La Justicia encontró prima facie responsabilidad de las autoridades de Mercado de Valores del Litoral en no cumplir con su función fundamental de controlar, de allí los 18 procesamientos".  "Es importante para la causa el procesamiento. Después de tantos años llega la medida, con cierto atraso", completó.

En la resolución emitida a última hora del lunes pasado, el juez Bailaque procesó a los 18 contadores y empresarios “como partícipes necesarios de los delitos cometidos por Mario José Enrique Rossini, Omar Santos Francisco Rossini y María Mercedes Leiva previstos y penados por los artículos 173 inc. 7 del CP -defraudación por administración fraudulenta-, como delito continuado”. 

También, siete de ellos fueron procesados como “como partícipes necesarios del delito cometido por Mario José Enrique Rossini y María Mercedes Leiva, consistente en la infracción al art. 310, segundo párrafo del CP, -captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores-“.

"Era evidente que Bolsafé Valores desviaba fondos para otras actividades, eso lo sabía el Mercado de Valores del Litoral y dejaron seguir la actividad de este monstruo, son miles los estafados", consideró Müller en diálogo con Osvaldo Medina y Mariano Bravi. 

La Ley 17.811 –ya derogada- establecía que el Mercado de Valores del Litoral (MVL) debía controlar a los intermediarios financieros inscriptos en sus registros -entre los que se encontraba Bolsafe- y velar por la autenticidad de las operaciones bursátiles que se realizaran y la protección del público inversor.

Sin embargo, como lo señaló el magistrado, las personas imputadas –desde las posiciones que ocuparon dentro del MVL, y en los periodos de tiempo señalados- “habrían infringido su posición especial de garante al omitir en forma consciente, sus funciones de supervisión y disciplina sobre el agente bursátil Bolsafe Valores SB SA y su presidente Mario José Enrique Rossini y los demás directivos de la empresa, siendo el nombrado además presidente de la sociedad anónima BV Emprendimientos; y por lo tanto permitido la continuación de las maniobras fraudulentas llevadas adelantes por Rossini y sus empleados a través de las sociedades mencionadas, desde septiembre del año 2003 hasta diciembre de 2012, a pesar de haber tomado conocimiento de ello, y de contar con los recaudos eficaces para impedirlo. De esa manera, además, a partir del 28 de diciembre de 2011, habrían consentido la captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil desarrollada por los imputados Mario José Enrique Rossini y María Mercedes Leiva, agravada por el uso de medios de difusión masiva”.

El juez agregó en su resolución que “el quiebre del deber que les era exigible se produjo al no ejercer sus facultades orientadas a velar por la transparencia del mercado, puesta a disposición del inversor de información adecuada, veraz y eficaz, actuación diligente y leal de los agentes de bolsa y la protección al público inversor, todo ello en el marco legal del funcionamiento de un mercado autorregulado”. 

Ello, explicó el magistrado, “generó una desprotección patrimonial e indefensión en el público inversor, permitiendo el desarrollo y la continuidad de toda la operatoria de captación, despojo y transferencia realizada desde Bolsafe Valores hacia otra empresa controlada por Rossini –BV Emprendimientos-, que hacía las veces de sociedad de bolsa paralela operando en el mercado de capitales sin autorización”.

El juez señaló que los “integrantes del MVL realizaron una contribución, por omisión, sin la cual no habrían podido ser llevados a cabo los delitos cometidos por Mario José Enrique Rossini, Omar Santos Francisco Rossini y María Mercedes Leiva: arts. 173 inc. 7 y 310, ambos del CP”.

En ese sentido, consideró que “las personas imputadas que formaron parte del Mercado de Valores del Litoral S.A. ocuparon una posición de garante de control o supervisión con relación a la actividad desplegada por Mario José Enrique Rossini, Omar Rossini y Mercedes Leiva, sus socios, empleados y empresas vinculadas y la omisión consciente de esas funciones de supervisión da lugar a una intervención en los delitos correspondientes”.

Así, destacó que “los garantes estaban obligados a supervisar la actividad (ilícita) de los coautores de los delitos en cuestión y, además, contaban con amplias facultades de control y disciplinarias para llevar a cabo su tarea. Por ello, entiendo que si los garantes hubiesen ejercido debidamente sus facultades de control, el delito no habría podido ser llevado a cabo tal como fue ejecutado”.

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Con información oficial de Fiscales.gob.ar