Con filosas críticas opositoras que apuntaron a una supuesta "puesta en escena" y un "circo" del oficialismo, la comisión de Juicio Político debutó en la Cámara de Diputados para analizar los pedidos de juicio político impulsados contra la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño.

Con puntillosa puntualidad, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos) comprobó el quórum conseguido por el oficialismo a las 11 y brindó un mensaje introductorio explicando paso por paso el procedimiento del juicio político.

Con 16 de los 31 miembros, el oficialismo (si logra contener cualquier peligro potencial de fugas) tiene la mayoría simple necesaria para abrir el sumario de acusación por mal desempeño contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Sin embargo, está lejos de poder contar con los dos tercios de votos necesarios en ambas cámaras para poder declarar culpables a los acusados y así aplicarles las sanciones correspondientes.

Es en ese sentido que desde la oposición advierten que el oficialismo solamente tiene como propósito armar "una puesta en escena" y un "circo" sobre la supuesta parcialidad de la Corte para entretener a la opinión pública mientras se profundizan los problemas de la economía.

Por caso, el vicepresidente de la Cámara de Diputados y secretario en la comisión Omar de Marchi (PRO) pidió la palabra para denunciar "esta puesta en escena que nos ofrece hoy el presidente (Alberto Fernandez), que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario".

Para el mendocino, el juicio político "no forma parte de la agenda principal de la Argentina", ya que ésta tiene que ver con el 50% de pobres, con un 100% de inflación acumulada solamente en el último año y que el ajuste que lleva adelante este Gobierno lo hace a costa de la inflación para con los sectores más vulnerables".

Según De Marchi, "la agenda del Gobierno tiene que ver con intervenir y manipular" al Poder Judicial que "tuvo la valentía de condenar al poder en la Argentina" (en alusión a la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Kirchner).

"No nos vamos a someter al juicio político que ustedes promueven pero sí vamos a defender la independencia judicial con nuestro cocimiento, con nuestros saberes", manifestó el vicepresidente de la comisión de Juicio Político y presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, minutos más tarde.

A su turno, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó que a los dos bloques mayoritarios que polarizan en el país "les conviene estar discutiendo este tema y no sobre los grandes problemas económicos".

La referente trosquista del PTS denunció que Juantos por el Cambio prefiere prestarse a este debate antes de tratar la moratoria previsional que beneficiaría a 800.000 personas que no llegan con la cantidad de aportes jubilatorios, o antes que debatir la Ley de Humedales.

"Nadie habla del ajuste brutal que esta llevando adelante Sergio Massa", azuzó Bregman, que acusó de cómplices de esta política económica a todos los sectores del Frente de Todos que hacen silencio y no dicen nada sobre las consecuencias sociales.

Sin embargo, la diputada de izquierda aseguró que "hay grandes motivos para cuestionar" a este tribunal que "es la Corte del 2x1".

A continuación, Leopoldo Moreau (Frente de Todos) rechazó la caracterización de "circo" que le endilga la oposición al trámite de juicio político contra la Corte en la Cámara de Diputados.

"Los pitonisos adelantan que no van a estar los dos tercios. Cuando la Coalición Cívica impulsó el juicio político contra la Corte no dijo que era un circo a pesar de que era matemáticamente improbable conseguir los dos tercios. Tal vez ahora puedan reunirlos. En aquel momento ningún medio de comunicación calificó la presentación como un intento de un show o de un circo", aseguró el radical kirchnerista sobre la presunta doble vara de la oposición y de un sector de la prensa.

En total hay 14 pedidos de juicio político y son cuatro los causales que motivan los pedidos que apuntan al desplazamiento de los magistrados e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.