Cuatro organizaciones no gubernamentales de Perú presentaron una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y tres jefes policiales, a los que acusan de homicidio y otras violaciones de derechos humanos en la represión de protestas en la región sureña de Apurímac, informó hoy la prensa local. 

La denuncia fue presentada ayer ante el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la ONG Paz y Esperanza, y el Equipo Legal Voluntario de Derechos Humanos. 

La querella responsabiliza a los acusados por la “masacre” ocurrida a partir del 10 de diciembre en Apurímac, donde en pocos días hubo al menos seis muertos y 83 heridos en esa región, en el contexto de las protestas antigubernamentales iniciadas el 7 de ese mes en varios puntos del país. 

Las entidades denunciantes afirmaron que en esos días hubo además “decenas de detenidos, torturados y víctimas de abuso de autoridad”, según el diario limeño La República. 

El documento sostiene que son penalmente responsables no solo los efectivos policiales que cometieron esos delitos sino también “los autores mediatos, que forman parte de la cadena de mando”, porque “no es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del nivel más alto”. 

Por ese motivo, la denuncia alcanza a Boluarte y a los entonces jefe del gabinete, Pedro Angulo, y ministros del Interior, César Cervantes, y de Defensa, Alberto Otárola. De ellos, solo Otárola permanece en el equipo de gobierno, como primer ministro. 

También incluye a los entonces director general de la Policía, general Raúl Alfaro; jefe del Frente Policial de Apurímac, general Luis Flores, y jefe de la División Policial de (las provincias) Andahuaylas y Chincheros, coronel Alexis Luján, recoge la agencia Telam.